Alcaldes de Boyacá alertan recorte del 48 % en el SGP y advierten riesgo para programas sociales

Boyacá

Diferentes municipios del departamento expresaron su preocupación por el fuerte recorte en las transferencias del Gobierno Nacional, luego de una reunión sostenida con el Comité Ejecutivo de la Federación Colombiana de Municipios y funcionarios del Ministerio de Hacienda, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.

En diálogo con Caracol Radio, el alcalde de San Pablo de Borbur, Carlos Alberto Castellanos, advirtió que la reducción cercana al 48 % en el giro de la última doceava del Sistema General de Participaciones (SGP) está afectando gravemente las finanzas territoriales.

“Para nuestro municipio el recorte es de casi 300 millones de pesos, según las fórmulas del DNP, por no haber alcanzado el recaudo que el Gobierno Nacional proyectó. Esto nos obliga a ajustar desde ya el presupuesto de 2026 y a sacrificar inversión”, señaló.

El mandatario explicó que, mientras los ingresos disminuyen, a los municipios se les asignan nuevas competencias sin los recursos suficientes para cumplirlas, como la profesionalización de los inspectores de policía, el aumento en los honorarios de los concejales y la ampliación de las comisarías de familia, lo que incrementa los gastos de funcionamiento.

A esta situación se suma el impacto del aumento en los avalúos catastrales tras una resolución del Instituto Geográfico Agustín Codazzi expedida el 30 de diciembre. En Boyacá, 86 municipios resultan afectados. En San Pablo de Borbur, los avalúos aumentaron entre un 200 % y un 700 %, golpeando directamente a los campesinos y al recaudo del impuesto predial.

Por su parte, el alcalde de Samacá, Wilson Castiblanco, coincidió en que el recorte del SGP pone en riesgo programas sociales dirigidos a la población más vulnerable. “Estos recursos financian atención a infancia, adolescencia, juventud y población vulnerable. La reducción del 48 % impacta de manera directa esos programas”, afirmó.

Castiblanco también manifestó preocupación por los recursos del FOPEP, solicitando que se agilicen los desahorros. “Son dineros de los municipios que hoy permanecen retenidos con demasiadas trabas, lo que nos impide avanzar en el cumplimiento de los planes de desarrollo”, explicó.

Durante la reunión, los alcaldes también cuestionaron la fórmula de distribución del SGP. El alcalde de Samacá mencionó el caso del municipio de Tuta, que pese a mostrar buenos indicadores de eficiencia fiscal y administrativa, sufrió un recorte cercano a 300 millones de pesos, lo que, según dijo, “hace inviable la gestión territorial”.

El Gobierno Nacional anunció que girará el 50 % del recorte como medida de caja y que compensará estos recursos en la vigencia 2026. Además, se comprometió a publicar el informe del FOPEP el próximo 15 de febrero y a revisar la fórmula de distribución del SGP.

Sin embargo, los alcaldes advierten que el impacto ya se siente en los territorios. En San Pablo de Borbur, por ejemplo, se redujeron proyectos de deporte y cultura, y el golpe más fuerte se dio en el SGP de propósito general, que permite libre inversión. Además, el municipio destina cerca de mil millones de pesos al transporte escolar y debe cofinanciar el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pese a no estar certificado en educación.

En Samacá, según su alcalde, ya se han tenido que hacer traslados y reducciones presupuestales, y de continuar la situación, muchos municipios de Boyacá apenas lograrán cubrir nómina y funcionamiento, hasta final de año.