Demandan ante la justicia el decreto que autorizó el aumento del pasaje del SITP en Bogotá

La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal y el concejal de Bogotá José Cuesta interpusieron una demanda ante el Juzgado Administrativo del Circuito de Bogotá contra el Decreto Distrital 007 del 13 de enero de 2026, mediante el cual la Administración Distrital autorizó el aumento de la tarifa del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y TransMilenio a 3.550 pesos.

En la acción judicial, los demandantes solicitan la nulidad del decreto y la suspensión provisional del incremento, al considerar que se trata de una decisión injustificada que vulnera el derecho fundamental a la movilidad de millones de ciudadanos que dependen del transporte público para acceder al trabajo, la educación y otros servicios esenciales.

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¿El aumento en el precio del pasaje de Transmilenio aumenta la desiguldad?

Según explicaron, el Distrito no presentó estudios técnicos claros, completos ni verificables que respalden el aumento tarifario. Aunque en el decreto se mencionan variables como la inflación, el salario mínimo y los costos operativos del sistema, aseguran que no existe una justificación técnica sólida que explique de manera proporcional cómo esos factores derivan en el valor final del pasaje.

“Este aumento tampoco estuvo acompañado de un análisis serio del impacto social, especialmente sobre los hogares de menores ingresos, que destinan una proporción cada vez mayor de su ingreso al transporte. Estamos hablando de un servicio público esencial, no de un bien de lujo. Incrementar la tarifa sin evaluar su efecto real sobre la desigualdad es una decisión regresiva e injusta”, señalaron Carrascal y Cuesta a través de un comunicado conjunto.

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Asimismo, cuestionaron que la Administración Distrital no haya evaluado alternativas menos gravosas para la ciudadanía, como un uso más eficiente del Fondo de Estabilización Tarifaria, mejoras en la operación del sistema o una mejor focalización de los subsidios existentes.

Finalmente, los demandantes insistieron en que esta acción no responde a motivaciones ideológicas, sino a la defensa del interés general, la equidad y el bolsillo de los bogotanos, y reiteraron que el transporte público debe ser una herramienta de inclusión social y no un factor que profundice la desigualdad.

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