Rifirrafe entre la magistrada de la Corte y Carlos R. González, en medio de la acusación ¿Qué pasó?
El exdirector del Dapre aseguró que la acusación de 60 páginas de la Fiscalía en su contra es absurda y mentirosa.
Reapareció desde Nicaragua, el exdirector del Dapre, Carlos Ramón González en la audiencia de acusación. Foto: Tomada de la audiencia.
Justicia
El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González Merchán, aseguró que la acusación de la Fiscalía General de la Nación en su contra está cargada de absurdos, de vacíos y de falsedades.
Ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, González Merchán rompió el silencio y señaló que la Fiscalía lo ubicó dentro del entramado de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), como el supuesto cerebro, y señaló que eso no es cierto.
Dijo que el escrito de acusación de 60 páginas representa una incriminación real basada en las confesiones de “unos señores” y que esto lo deja como el “autor intelectual”.
La magistrada lo interrumpió para explicarle que este no es el momento procesal para hacer este tipo de manifestaciones.
Desde Nicaragua, país en el que se encuentra desde el año pasado, insistió en que “para mí no es una acusación clara porque está llena de vacíos y de falsedades”.
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¿Qué dice la acusación de la Fiscalía?
En el documento judicial de 60 páginas, la Fiscalía narra que González, quien permanece prófugo de la justicia en Nicaragua, país que le concedió el asilo político a pesar de tener una circular roja de la Interpol, le habría ordenado a Olmedo López, ex director de la UNGRD, entregarle contratos por $ 60.000 millones de pesos al expresidente del Senado, Iván Name, y $10.000 millones al expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
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La estrategia de González, al parecer, era impulsar los proyectos de ley del Gobierno Nacional
“En Bogotá, en la oficina del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -DAPRE- ubicada en el Palacio de Nariño, a mediados de septiembre de 2023, CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ MERCHÁN ordenó a OLMEDO DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ, quien se desempeñaba como Director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD-, entregar a los entonces Presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes del Congreso de la República IVÁN LEÓNIDAS NAME VÁSQUEZ y ANDRÉS DAVID CALLE AGUAS, respectivamente, contratos de la UNGRD por valor de 60.000 millones de pesos para el primero y 10.000 millones de pesos para el segundo, que previamente les había ofrecido con el propósito de que los mencionados legisladores brindaran apoyo a los proyectos de ley del Gobierno que cursaban en el órgano legislativo”, se lee.
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Cambió la oferta
La investigación de la Fiscalía señala que se cambió la propuesta, porque supuestamente los congresistas tenían interés en que se les hicieran los pagos rápidamente.
“Debido a la premura con que los parlamentarios mencionados exigían los recursos lícitos, durante el mes de septiembre, CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ MERCHÁN le ordenó a OLMEDO DE JESÚS LÓPEZ MARTÍNEZ variar la oferta dirigida a NAME VÁSQUEZ a una suma de $3.000 millones de pesos y a CALLE AGUAS por una de $1.000 millones de pesos, que serían entregados en efectivo a los legisladores, recursos provenientes de la contratación de la UNGRD, que OLMEDO LÓPEZ entregaría, para lo cual contaría con la participación de SNEYDER AUGUSTO PINILLA ALVAREZ y SANDRA LILIANA ORTIZ NOVA”.
El regaño de la Fiscalía “defraudó a la sociedad”
“Estas especiales condiciones conllevan un mayor reproche punitivo, como quiera que se defraudaron las expectativas que la sociedad depositó en CARLOS RAMÓN GONZÁLEZ MERCHÁN como representante y líder de una colectividad política, en el desempeño de uno de los cargos más importantes del país, a tal punto de ser considerado por la opinión pública como la mano derecha del Presidente de la República, lo que sin duda representa una distinguida posición en la sociedad colombiana, como mínimo: por su cargo, posición económica y poder político; presupuestos que le exigían mayor cumplimiento y diligencia de sus deberes funcionales”.
