¿Quién paga la política en Colombia?

En la alianza Hora20-El País, el análisis sobre quién paga la política en Colombia, un debate para entender dónde se concentran las fuentes de financiación, cómo se consiguen los recursos, los límites que establece la ley, pero al tiempo las dificultades de la financiación, del rastro de los datos y la manera como los dineros ilícitos han impregnado las campañas políticas a lo largo de la historia. Analizaremos también qué se puede hacer diferente y qué se puede esperar de este proceso electoral que avanza.

Lo que dicen los panelistas

Luis Felipe Henao, exministro, columnista e integrante de las campañas de Federico Gutiérrez y Germán Vargas Lleras, planteó que el sistema es macabro porque se estigmatiza a los que quieren donar, “un grupo económico entrega una donación, entra en Cuentas Claras y dentro de los topes, pero después se usa la donación para atacar al grupo económico”. En ese sentido, dijo que se deja la financiación de las campañas en manos de quienes pagan para jugar. “son contristas que pagan por debajo de la mesa, llegan con dineros por debajo de la mesa y terminan siendo contratistas como los de la UNGRD o Findeter. Después de ganar les dan contrato, va la adición y ahí van sacando la tajada. Es un sistema donde cada vez hay más barreras para que las personas accedan en igualdad de condiciones”.

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Para Alfonso Portela, exregistrador delegado para lo electoral, magíster en derecho y consultor en temas electorales, el país sí ha desarrollado normatividad, “tenemos la del 2005 que plantea que sea el Estado el que financie hasta el 80% de las campañas”. Sin embargo, dijo que el punto de partido debe ser definir cuál es el costo real de la política, “si no miramos eso, siempre tendremos cuentas por encima y otras por debajo de la mesa. Ahora vemos topes significativos porque en las presidenciales en primera vuelta son poco más de $30 mil millones, pero todo el montaje de una campaña es sumamente costoso”. Sobre otros frentes de financiación como los créditos personales, dijo que estos son “la vena rota de la financiación política”, pues no son investigados, prestan la plata y después les condonan la deuda.

Enfatizó que el tema de firmas se convirtió en la campaña, “eso no tiene límite y la ley no se ocupa de eso. Queman toda la plata cuando no los controlan ni castigan, pero cuando llegue a la época electoral cortan el gasto”.

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Andrés Hernández, director ejecutivo de Transparencia por Colombia, asegura que no se confiamos lo suficiente en la financiación eminentemente pública, “no opera lo suficiente o el candidato no se quiere comprometer con terceros, entonces saca un crédito y consigue reposición de votos”. En esa medida, comentó que lo ideal es la financiación pública, “pero no es realista, por eso creemos que el sistema debe ser preponderantemente público, que permita equidad en la competencia con recursos”.

Detalló que en las zonas de riesgo de financiación criminal el problema no se resuelve con Cuentas Claras, “lo resuelve una institucionalidad fuerte que se anticipe con capacidad”. También advirtió que buena parte de financiación privada se reporta que viene de bolsillo de los candidatos, ”pero no se pone la lupa si un candidato tiene esos recursos en su bolsillo”.

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Viviana Barberena, abogada, filósofa, con Maestría en Administración Pública, exveedora Distrital de Bogotá, miembro de la campaña de Antanas Mockus, planteó que el sistema electoral está bien hecho en lo formal, “pero realmente con poca capacidad de control y llegar a los hechos de la financiación. Es un sistema centralizado, el CNE funciona en Bogotá y la penetración no es posible”. En esa medida, advirtió que Bogotá tiene más mecanismos de control, “pero hay territorios afectados por la ilegalidad, allá no llega el Ejército y hay deseos por parte de la ilegalidad de apropiarse de los recursos y contratos”.

Resaltó que se está premiando la ilegalidad y castigando al que lo hace legalmente, “abrir una cuenta bancaria es un problema, pedir un préstamos es difícil, no prestan y un año después vigilaban declaración de renta”, cuenta tras su experiencia como gerente de la campaña de Antanas Mockus al Senado en 2018.

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Nicolás Liendo, oficial de programa en la Oficina regional de América Latina y el Caribe de IDEA, máster en Estudios Latinoamericanos y MA en Gobierno y Políticas Públicas, detalló que la financiación en América Latina es mixta y varía en calidad de anticipo, antes de elección o posterior a la elección. Sin embargo, explicó que en Venezuela y El Salvador tienen financiación completamente privada. Por otro lado, advirtió los riesgos de la financiación de campañas y el gasto en temas de tecnología, pues expuso el caso de Brasil, que pasó de gastar $19 millones de euros en el gasto de redes sociales a $69 en 2022, “el nivel incremental de dónde se hace política cambia. Se necesita regulación para balancear la competencia”. Sobre el caso Colombia, recordó que la Misión de Observación de la Unión Europea en la última misión dio 24 recomendaciones en temas electorales, “ocho tienen que ver con financiación y medios digitales, en Colombia se han aplicado solo dos de manera parcial”.