Fiscalía prepara una tercera tanda de imputaciones en caso AMVA–Bomberos Itagüí
Durante la audiencia, el fiscal señaló a Miguel Quintero como quien ordenaba contrataciones y advirtió borrado de evidencia.
Juan David Palacio Cardona y Daniel Quintero Calle
Medellín, Antioquia
Durante la audiencia de Medida de Aseguramiento, se conoció que la Fiscalía General de la Nación prepara una tercera tanda de imputaciones dentro del caso que investiga presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, al advertir la posible participación de más personas en el esquema investigado.
El anuncio se produjo durante la audiencia en la que el ente acusador solicitó medida de aseguramiento contra Juan David Palacio Cardona, exdirector del AMVA, diligencia en la que el fiscal sostuvo que el exfuncionario acató órdenes impartidas por un tercero, identificado como Miguel Quintero, y que además ordenó el borrado de información institucional para destruir evidencia.
“Procuró eliminar la trazabilidad del actuar ilegal”
En su intervención ante el juez, el fiscal afirmó que Palacio Cardona habría ordenado el formateo de equipos informáticos clave de la entidad con el objetivo de impedir el rastreo de las actuaciones investigadas.
“Su cargo ordenó formatear los computadores de su secretaría, de su secretaría general, así como el equipo de asistencia de dirección y de contratos; con este comportamiento procuró eliminar la trazabilidad del actuar ilegal”, manifestó el fiscal.
Añadió que existen soportes documentales que dan cuenta de estas decisiones.
“Ordenó el formateo y borrado de toda la información contenida en algunos computadores del Área Metropolitana correspondientes a personas cercanas a él, como consta en el memorando 000094 de 2024 y en el documento denominado ‘evidencia de formateo’”, expuso.
Para la Fiscalía, estos elementos permiten inferir una conducta de obstrucción a la justicia, argumento central para sustentar la solicitud de medida de aseguramiento.
Miguel Quintero, señalado como quien impartía las órdenes
Durante la audiencia, el fiscal también presentó elementos materiales probatorios que, según el ente acusador, comprometen a Miguel Quintero como la persona que impartía instrucciones directas relacionadas con la contratación en el AMVA.
“El 20 de febrero del 2020 el ciudadano Miguel Quintero consulta por la contratación de una persona en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá”, señaló el fiscal, al referirse a conversaciones incorporadas al expediente.
La Fiscalía expuso además un intercambio del 4 de abril de 2020, en el que, según el informe de policía judicial, Quintero señala: “Acabo de reunirme con JP y Laura”. Al ser consultado por la identidad de “JP”, Quintero habría respondido que se trataba de Juan David Palacio, a quien identificó como “su jefe”.
“Solo acató instrucciones impartidas por un tercero”
En su conclusión, el fiscal fue enfático en señalar el rol que, a juicio de la Fiscalía, desempeñó Juan David Palacio dentro del presunto esquema ilegal.
“De los elementos probatorios recaudados se desprende con claridad que no solo acató las instrucciones impartidas por un tercero, como el ciudadano Miguel, para nombrar a funcionarios estratégicos que facilitaran el direccionamiento contractual, sino que además participó en reuniones y coordinaciones con dichos particulares”, afirmó.
Según la Fiscalía, en esos encuentros se habría acordado la distribución de los contratos dentro de la entidad, lo que refuerza la hipótesis de un esquema organizado.
Las conversaciones del 20 de febrero y del 4 de abril de 2020, incorporadas al informe de policía judicial, evidenciarían que Palacio era identificado como “JP”, lo que, para el ente acusador, confirma “su rol esencial dentro del esquema ilícito y su anuencia frente al reparto de la contratación pública”.
Contratos y funcionarias delegadas
Durante la audiencia también se reiteró la referencia a varios contratos de prestación de servicios, entre ellos los CD 982 de 2021 y CD 984 de 2021, que hacen parte del núcleo de la investigación.
De acuerdo con la Fiscalía, los cuatro primeros contratos fueron suscritos por Ana María Roldán Ortiz y los dos últimos por Diana María Montoya Velilla, ambas en calidad de servidoras delegadas para la contratación, lo que, según el fiscal, demuestra la reiteración de la participación de los mismos actores en el esquema investigado.
