Hospitales públicos, al límite: deuda llega a $16,28 billones y Contraloría lanza alerta
La deuda de los hospitales públicos crece más rápido que los recursos del sistema y pone en riesgo la atención en cientos de municipios del país.
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La Contraloría General de la República reiteró su advertencia sobre el grave deterioro del flujo de recursos del sistema de salud y amplió el llamado al Ministerio de Salud y Protección Social, al considerar que las medidas adoptadas hasta ahora no han sido suficientes para frenar la asfixia financiera de la red pública hospitalaria.
¿Qué está pasando con el dinero de los hospitales públicos?
Entre enero y septiembre de 2025, la deuda de los hospitales públicos pasó de $12,5 billones a $16,28 billones (aumentó cerca de 4 billones de pesos) un incremento del 30% en solo nueve meses. Esto ocurrió pese a que el giro directo del sistema aumentó 27,2%, lo que evidencia que los recursos no están llegando de manera oportuna a los prestadores públicos, así lo indico la contraloría.
Además, las cifras muestran un deterioro en la oportunidad de pago. En 2024, los hospitales públicos facturaron $18,8 billones y recibieron $15,7 billones. En 2025, se facturaron $16,3 billones, pero solo se pagaron $12,6 billones, reduciendo el pago efectivo al 77%.
Más recursos al sector privado
El informe advierte una alta concentración de recursos en prestadores privados. En la red de servicios, el 80% del flujo va al sector privado y solo el 20% a la red pública. Mientras que, en 2025 los hospitales públicos accedieron apenas al 23,2%.
Esta brecha afecta a todos los niveles de atención. Los hospitales de mediana complejidad registraron la mayor caída en pagos oportunos, seguidos por los de alta complejidad, lo que compromete la operación de servicios especializados y de alto costo.
Impacto directo en regiones
La Contraloría advirtió que la asfixia financiera de la red pública golpea directamente la atención en más de 600 municipios, donde estos hospitales son la principal o única opción de acceso a servicios de salud. Los retrasos en los giros afectan la continuidad del servicio, la calidad de la atención y elevan el riesgo de daño al patrimonio público.
Por ello, el ente de control solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud y al Ministerio de Salud a adoptar medidas inmediatas y estructurales que garanticen un flujo oportuno y equitativo de recursos y eviten un deterioro mayor del sistema.
