Más de un año sin clases: el costo de los paros de maestros en Bogotá
Los estudiantes de colegios distritales son los más afectados según un informe de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesora explicándole un tema a sus estudiantes en salón de tecnología (Foto vía Getty Images) / Morsa Images
EDUCACIÓN
El más reciente informe de la Universidad Nacional de Colombia reveló que un estudiante de colegio público en Bogotá pierde, en promedio, más de un año escolar por cuenta de los paros docentes.
Así lo revela un estudio del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) que analizó las interrupciones en el servicio educativo entre 2012 y 2024.
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Según la investigación, un alumno enfrenta 70 jornadas de paro de maestros a lo largo de toda su trayectoria educativa, desde preescolar hasta grado once.
Esto se traduce en 182 días efectivos sin clase, equivalentes a 1,01 años escolares, si se tiene en cuenta que el calendario académico contempla 180 días lectivos por año.
"Si bien los paros pueden parecer esporádicos en un año, la magnitud acumulada de 1,01 años perdidos constituye una brecha oculta con consecuencias graves“, indica la investigación realizada por los investigadores de la Facultad de Economía Hernando Bayona, Tatiana Rodríguez y Andrea García.
El estudio advierte que los paros no son hechos aislados, sino un fenómeno recurrente y acumulativo que genera una brecha estructural frente a los estudiantes del sector privado.
Además, identifica un patrón cíclico: los años con interrupciones más prolongadas 2013, 2017 y 2021 coinciden con periodos previos a elecciones presidenciales, lo que sugiere que el paro docente opera también como mecanismo estratégico de presión política.
“La magnitud de la pérdida observada en este estudio evidencia una vulneración fáctica de este último derecho. 182 días sin actividad académica muestran que el impacto de este fenómeno es crítico y claramente contribuye a perpetuar la desigualdad", dice la investigación.
Aunque la Constitución protege el derecho a la huelga, los autores señalan que la magnitud de la pérdida acumulada configura una vulneración fáctica del derecho fundamental a la educación, especialmente para niños y jóvenes de contextos más vulnerables.
El impacto también es inmediato para las familias, que deben asumir costos adicionales en cuidado infantil, alimentación y acompañamiento escolar, además de la pérdida de espacios protectores y de programas de nutrición escolar.
