Prisión domiciliaria para exgerente de Rediba por daños ambientales en Barrancabermeja
La condena es de 80 meses por permitir la ocupación de zonas protegidas en el relleno sanitario Yerbabuena.
Tribunal administrativo de Santander admite acción de nulidad para que deje de operar el relleno sanitario Rediba . Foto:Rediba.(Thot)
Bucaramanga
Un Juzgado penal especializado de Bucaramanga condenó en primera instancia a Liliana Patricia Forero Cala, exgerente y representante legal de la empresa Rediba, antes conocida como Entorno Verde, por su responsabilidad en irregularidades ambientales asociadas a la operación del relleno sanitario Yerbabuena, ubicado en zona rural de Barrancabermeja, Santander.
El beneficio de prisión domiciliaria quedó condicionado a la firma de un acta de compromiso y al pago de una caución prendaria equivalente a 10 SMLMV. La captura se hará efectiva una vez la sentencia quede en firme. Contra la decisión judicial procede únicamente el recurso de apelación.
¿Cuál fue la condena impuesta?
El Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado sentenció a Forero Cala a 80 meses de prisión, pena que deberá cumplir bajo la modalidad de prisión domiciliaria. Además, deberá pagar una multa de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) y quedó inhabilitada para ejercer funciones públicas por el mismo periodo.
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¿Por qué fue hallada responsable?
De acuerdo con la sentencia, la exdirectiva fue condenada por el delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica agravado, al permitir y no evitar la ocupación de zonas ambientalmente protegidas, pese a tener la obligación legal de impedirlo, conducta que la justicia calificó como comisión por omisión.
El fallo señala que en abril de 2013 Forero Cala habría inducido en error a la autoridad municipal para obtener permisos de adecuación de vías internas en los predios Villa Merecedora y El Lago. Sin embargo, desde julio de ese mismo año se inició la construcción del relleno sanitario sin contar con licencia ambiental, la cual solo fue otorgada en noviembre de 2014, cuando ya se había comenzado la disposición de residuos sólidos.
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La fase pública del proceso inició en 2017, cuando la Fiscalía imputó delitos relacionados con recursos naturales, fraude procesal y contaminación ambiental. La investigación fue priorizada por el entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez, tras denuncias ciudadanas y acciones judiciales interpuestas por defensores del medio ambiente.
En la misma providencia, el juzgado declaró prescrita la acción penal por el delito de contaminación ambiental agravada, ordenando levantar cualquier medida impuesta exclusivamente por ese cargo.
