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Sin acuerdo entre Gobierno y gobernadores: sigue disputa por aumento del impuesto al licor y tabaco

El aumento del impuesto al consumo de alcohol y cigarrillos, decretado en el marco de la emergencia económica, abrió un nuevo frente de tensión entre el Gobierno Nacional y los gobernadores, esta vez con el foco puesto en el impacto fiscal y el riesgo para las finanzas departamentales.

Reunión entre el Gobierno y gobernadores del país. Foto: suministrada.

Reunión entre el Gobierno y gobernadores del país. Foto: suministrada.

Tras una reunión en el Ministerio de Hacienda, el Gobierno defendió la medida como una salida necesaria para cerrar el hueco del presupuesto nacional de 2026, mientras que varios mandatarios regionales advirtieron que el ajuste podría afectar recursos clave que hoy financian salud, educación y deporte en los territorios.

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Pues el impuesto pasó del 5 % al 19 %, manteniendo el 5 % histórico para los departamentos y destinando el 14 % adicional al presupuesto nacional. Según el ministro del Interior, Armando Benedetti, en respuesta luego de terminar la reunión, si este incremento llegara a afectar el recaudo de las regiones, la Nación asumiría las compensaciones necesarias para evitar un impacto negativo en sus finanzas.

“El acuerdo está en que, si el aumento de estos impuestos afecta el presupuesto de los departamentos, la Nación asumirá lo que haga falta para compensar”, aseguró Benedetti, quien además insistió en que los cálculos del Gobierno indican que no habrá una caída en el consumo ni en el recaudo.

Desde el gobierno también se señaló que la medida no vulnera la autonomía regional y que existe respaldo constitucional para modificar este tipo de tributos en contextos de problemas macroeconómicos. Asimismo, recordó que la DIAN reforzaría los controles para evitar un aumento del contrabando, uno de los principales temores de los gobernadores.

¿Qué dicen los gobernadores?

Sin embargo, desde las regiones el panorama es distinto. Tras la reunión, al contrario de lo que dice Benedetti, no se llegó a un acuerdo final.

El gobernador de Antioquia cuestionó que el Gobierno “amenace” en lugar de propiciar espacios de conciliación y advirtió que no permitirá que recursos destinados a programas sociales departamentales terminen centralizados en la Nación, especialmente en un contexto de alta presión fiscal.

Por su parte, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, anunció que los departamentos evalúan acudir a la Corte Constitucional para solicitar una medida cautelar que suspenda específicamente el impuesto a cigarrillos y licores, mientras se analiza la legalidad del decreto. Aclaró que no buscan tumbar la emergencia económica, sino frenar el impacto de estos gravámenes sobre las finanzas regionales.

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Finalmente, la discusión es económica: si el aumento del impuesto logrará elevar el recaudo nacional sin afectar el consumo legal ni disparar el contrabando, o si terminará reduciendo los ingresos efectivos de los departamentos. Mientras se instalan mesas técnicas para evaluar el impacto fiscal de la medida, el desenlace queda ahora en manos del alto tribunal, según lo indicado.

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