Antioquia abre un escenario de incertidumbre jurídica al no aplicar el decreto de emergencia
Mientras decide la Corte, la decisión del gobernador de inaplicar una norma nacional vigente activa alertas por eventuales responsabilidades fiscales y más.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia. Foto: (Colprensa - John Paz)
Antioquia
La decisión del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de no aplicar el decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Nacional mientras la Corte Constitucional define su legalidad, abrió un escenario sin precedentes recientes en materia fiscal y jurídica, con impactos que van más allá de los precios o el recaudo inmediato.
Aunque el mandatario argumentó que el decreto impone una “carga tributaria abusiva” y vulnera la autonomía fiscal de las regiones, expertos advierten que la inaplicación de una norma nacional vigente introduce un alto nivel de incertidumbre institucional, tanto para las finanzas públicas como para el sistema tributario en general.
Una decisión excepcional y de alto riesgo
Para Julián Zambrano Sánchez, asociado del Centro de Estudios Tributarios de Antioquia (CETA), se trata de una medida poco común en la práctica administrativa colombiana.
“En más de 14 años de experiencia en estos temas, no había visto una decisión de este tipo. Todo decreto goza de presunción de legalidad y debe aplicarse mientras un juez no diga lo contrario”, explicó Zambrano.
La figura utilizada por la Gobernación es la excepción de inconstitucionalidad, una herramienta prevista en la Constitución que permite inaplicar una norma cuando se considera abiertamente contraria a la Carta Política.
Sin embargo, su uso por parte de una entidad territorial frente a un decreto de emergencia económica no es habitual y conlleva riesgos significativos.
Posibles responsabilidades si la Corte avala el decreto
El mayor punto de tensión está en lo que podría ocurrir si la Corte Constitucional avala el decreto una vez surta el control automático.
“En ese escenario, podrían configurarse responsabilidades fiscales por el no recaudo de los tributos, e incluso responsabilidades disciplinarias para los funcionarios que tomaron la decisión”, advirtió el experto del CETA.
El riesgo se acentúa porque la primera consignación de los recursos derivados de estos tributos está prevista para el 20 de febrero, y es poco probable que la Corte emita un fallo definitivo antes de esa fecha en palabras de Zambrano.
Un país con reglas tributarias distintas
Más allá del debate jurídico, la decisión de Antioquia también podría generar asimetrías regionales en la aplicación del sistema tributario mientras se define el futuro del decreto.
En los departamentos donde sí se aplique la medida, el decreto establece incrementos sustanciales en impuestos al consumo, especialmente en productos como cigarrillos y licores.
En Antioquia, al no aplicarse, esos incrementos no entrarían en vigor por ahora, lo que podría traducirse en diferencias de precios y de recaudo frente a otras regiones.
“Aunque los impuestos no son el único factor que determina el precio final, sí representan un componente muy relevante. Durante el tiempo que dure esta situación, Antioquia podría tener precios más bajos frente a otros departamentos”, señaló Zambrano.
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Un precedente que podría replicarse
Finalmente, el caso de Antioquia podría sentar un precedente para que otros departamentos —o incluso contribuyentes— consideren inaplicar normas que estimen inconstitucionales, mientras esperan un pronunciamiento judicial.
“Es una decisión bastante arriesgada, pero sin duda puede abrir la puerta a que otros actores intenten hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad, incluso en este mismo decreto”, concluyó el vocero del CETA.
Mientras la Corte Constitucional define el fondo del asunto, Antioquia queda en el centro de un debate que mezcla autonomía regional, seguridad jurídica y estabilidad fiscal, con implicaciones que podrían extenderse mucho más allá del departamento.
