Economía

CGR alerta por billonarios recursos públicos inmovilizados en fiducias: hay pérdida de oportunidades

Para el ente de control esto “deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal y pérdida de eficacia social”.

Contraloría imagen de referencia. Foto: Colprensa.

Contraloría imagen de referencia. Foto: Colprensa.

La Contraloría General de la República alerta que de los $13,4 billones de recursos públicos que hay en negocios fiduciarios, $ 4,8 billones están sin ejecutar con corte a diciembre de 2024.

Lo anterior quiere decir que estarían inmovilizados. Para el ente de control esto “deriva en un doble costo para el Estado: pérdida de eficiencia económica, que se traduce en un mayor costo fiscal y pérdida de eficacia social”.

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Según el estudio del ente de control, el Ministerio de Vivienda es la entidad con mayor cantidad de recursos inmovilizados ($165.255 millones inmovilizados), seguido en el Ministerio de Comercio ($109.320 millones) y Ministerio de Salud ($67.792 millones), lo que representa “pérdida de oportunidades para invertir oportunamente en proyectos estratégicos”.

“Cada peso inmovilizado es un proyecto de vivienda, un centro de salud o una obra de infraestructura que se aplaza, afectando directamente el Gasto Público Social (GPS) y la calidad de vida de los ciudadanos”, resaltó la Contraloría.

Por su parte, las fiduciarias con mayor administración de recursos inmovilizados son Scotiabank Colpatria ($168.081 millones), Fiduciaria La Previsora ($74.440 millones) y Fiduciaria Popular ($46.979 millones).

“La Contraloría identificó como las principales causas de inmovilización de recursos en negocios fiduciarios en Colombia se relacionan con falta de ejecución oportuna, deficiencias contractuales y procesos administrativos ineficientes. Estos problemas generan retrasos, rigidez operativa y pérdida de eficiencia en la gestión pública, aunque siempre ha habido recursos disponibles para ese proceso fiduciario”, resaltó el ente de control.

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Por tanto, para la Contraloría esta situación incide directamente en el cumplimiento de metas y en la ejecución de los proyectos de inversión pública.

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