Procuraduría advierte irregularidades en la ejecución de las obras del Parque Centenario de Ibagué
El Ministerio Público reveló las posibles causas que habrían provocado el incumplimiento en la entrega de las obras previstas para diciembre de 2025
La Procuraduría General de la Nación lanzó una dura advertencia sobre el proyecto de remodelación del Parque Centenario, actualmente sumido en una crisis de retrasos e irregularidades. Tras una inspección técnica, el ente de control reveló que la obra apenas registra un avance del 48,89 %, una cifra alarmante si se tiene en cuenta que el plazo oficial de entrega venció el pasado 10 de diciembre. Ante el incumplimiento, se concedió una prórroga de cuatro meses, lo que mantiene en vilo a la ciudadanía.
La investigación evidenció graves fallas administrativas por parte del Consorcio Centenario 2025. Según la Procuraduría, existe una preocupante falta de transparencia, ya que no se han reportado los avances ni el manejo de los recursos en el sistema oficial SECOP II. A esto se suman las denuncias de los trabajadores, quienes aseguran no haber recibido el pago de sus salarios. Esta situación, sumada al abandono de las jornadas laborales de 24 horas, ha paralizado prácticamente el ritmo de la construcción.
El panorama en el terreno tampoco es alentador. La inspección detectó que el parque se ha convertido en un depósito de escombros y materiales de construcción, lo que está deteriorando el ecosistema local. Además de los daños ambientales, la zona representa un riesgo para los peatones debido a la falta de medidas de seguridad en el perímetro de la obra. Por esta razón, se ha solicitado la intervención urgente de la Policía y de la Secretaría de Gobierno para proteger a los habitantes del sector.
Finalmente, el Ministerio Público exigió a las autoridades locales tomar el control inmediato de la situación y corregir las fallas documentadas. El objetivo de esta actuación preventiva es evitar la pérdida de recursos públicos y que el Parque Centenario se sume a la lista de obras inconclusas de la ciudad. La Procuraduría fue enfática: los responsables deben rendir cuentas claras sobre el dinero invertido y cumplir con los compromisos sociales y laborales adquiridos con la ciudad de Ibagué
