Congresistas se enfrentan por emergencia económica del Gobierno Petro: ¿Es inconstitucional?

El Gobierno expedirá un decreto de emergencia económica en los próximos días, con el que buscaría recaudar hasta $16,3 billones en impuestos, para recoger los recursos necesarios para financiar su Presupuesto General para el 2026, luego de que la reforma tributaria o ley de financiamiento se hundiera en el Congreso.

A propósito, la senadora Aída Avella, del Pacto Histórico, y Óscar Darío Pérez, representante del Centro Democrático, de las comisiones económicas del Congreso, en donde se hundió la reforma tributaria, debatieron en los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo.

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Pérez aseguró que el decreto sería inconstitucional; se trata del artículo es el 215: “No hay hechos sobrevinientes que justifiquen la emergencia. Aquí estamos hablando de una reforma tributaria que se hundió en el Congreso, no de una situación extraordinaria, imprevisible y fuera de lo normal que permita decretar una emergencia económica".

Y aseguró que el Gobierno no podrá encontrar "ningún constitucionalista que le encuentre una causa objetiva para justificar el decreto de emergencia económica”. Igualmente dijo que se estaba esperando a la vacancia judicial para impedir el estudio de la Corte de este decreto: “Es una actitud absolutamente mañosa esperar a que las cortes entraran en vacancia judicial para expedir este decreto, porque al día siguiente de expedido debe ponerse a disposición de la Corte Constitucional“.

Por su parte, Avella intentó justificar la medida basándose en el artículo primero de la Constitución: "Colombia es un Estado social de derecho, fundado el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y en la solidaridad de las personas que la integran, y en la prevalencia del interés general. Eso está en el artículo primero de la Constitución".

Petro aseguró que el Congreso es el responsable de la emergencia económica

Al respecto, Pérez respondió que el Legislativo “no tiene la obligación de aprobar ninguna ley de financiamiento. El Congreso tiene sus propias competencias, y una de ellas es aprobar el Presupuesto General de la Nación (...) se le dijo al Gobierno que ajustara el presupuesto no solo en $10 billones, sino en $26,3, y hubo oídos sordos".

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Avella, por supuesto, coincidió con el presidente y dijo que “en el Congreso hay parlamentarios que representan el gran capital, los que defienden a quienes tienen muchísimo patrimonio y los que tienen financiadas sus campañas por las grandes empresas (...) Hay congresistas que no van a las discusiones, que se hacen nombrar como ponentes y coordinadores para poder sabotear, y eso es una irresponsabilidad parlamentaria“.

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