Daniel Quintero afirma tener “mucha certeza Jurídica” tras nuevo aval de AICO para elecciones 2026

El exalcalde Daniel Quintero ha anunciado con satisfacción la obtención del aval del partido Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) para su candidatura a la presidencia de la República. Este aval, que Quintero considera “muy simbólico”, le permite habilitarse para la contienda electoral, evitando la necesidad de recolectar firmas.

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AICO un movimiento con más de 37 años de existencia, decidió respaldar a Quintero tras una reunión son sus líderes y siguiendo los procedimientos institucionales del partido, en un contexto donde , según Quintero, se les estaban “tratando de cerrar las puertas a la democracia”.

El exalcalde destacó la entrega de avales a candidatos presidenciales por parte de partidos indigenas es una práctica común, citando ejemplos como el aval de MAÍZ a Roy Barreras y el de la Alianza Social Indígena (ACI) a Sergio Fajardo, en el pasado. La decisión de AICO se fundamenta en un acuerdo programático, ya que coinciden en la necesidad de un “reseteo profundo a la política” en un país centralizado donde las élites han acaparado oportunidades. Quintero propone cambios como la entrega de computadores a niños y la conectividad en zonas rurales, argumentando que “sin conectividad no hay telemedicina, sin conectividad no hay educación digital, sin conectividad digital no hay igualdad”.

A pesar de este avance, la candidatura de Quintero se enfrenta a un nuevo debate jurídico. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha insistido en que su inscripción a la consulta del Pacto Histórico lo inhabilita para participar en las próximas elecciones, incluso después de su renuncia a dicha consulta. Sin embargo, Quintero argumentó que su renuncia se dio en los tiempos adecuados, considerando las condiciones jurídicas que se presentaron con la tutela que hizo decaer el acto de inscripción.

Quintero confía en que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resolverá a su favor, ya que el Consejo de Estado ha sentado jurisprudencia en casos similares, indicando que las disposiciones de inhabilitación por renuncia son para los partidos y no para los ciudadanos.

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