JEP imputa a 34 comparecientes por crímenes de guerra y lesa humanidad en la región del Urabá
Es la primera decisión del Caso 04 que vincula simultáneamente a los tres tipos de actores bajo competencia de la Jurisdicción.
Cortesía: JEP
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó como máximos responsables a ocho exintegrantes de las Farc-EP, 21 miembros de la fuerza pública y cinco terceros civiles por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 1986 y 2002 en Urabá, el Bajo Atrato y el Darién.
Se trata de la primera decisión del Caso 04 que vincula simultáneamente a los tres tipos de actores bajo competencia de la Jurisdicción: guerrilla, fuerza pública y civiles, estos últimos relacionados con proyectos ganaderos y agroindustriales vinculados al Fondo Ganadero de Córdoba (FGC).
Violencia en el Urabá
La Sala de Reconocimiento de Verdad reconoció que Urabá fue un “laboratorio de guerra” donde confluyeron múltiples actores armados y donde se desplegaron violencias sistemáticas que transformaron de manera profunda el territorio.
El análisis consolidado incluyó 115 informes de víctimas y entidades del Estado, 287 expedientes judiciales, 32 testimonios, 56 diligencias interculturales y los aportes de 157 comparecientes en 254 sesiones de versiones voluntarias.
Como resultado, fueron acreditadas 54.600 víctimas, entre ellas pueblos indígenas Emberá, Wounaan, Guna Dule y Zenú; y comunidades negras, afrocolombianas y campesinas.
Tres patrones macrocriminales
La magistratura identificó tres grandes patrones que explican la articulación entre guerrilla, fuerza pública, paramilitares y terceros civiles:
1. Eliminación por prejuicio enemigo
Homicidios, desapariciones, secuestros, ejecuciones y violencias basadas en género, cometidas tanto por exintegrantes de las Farc-EP como por miembros de la fuerza pública en asocio con paramilitares.
Las víctimas eran señaladas de colaborar con el enemigo. Uno de los casos emblemáticos es el asesinato de Liliana Londoño en 1997.
2. Vaciamiento del territorio para despojo y repoblamiento
Desplazamientos masivos, masacres y torturas orientadas a expulsar poblaciones y facilitar el control territorial, el despojo de tierras y el avance de proyectos ganaderos y agroindustriales.
La Sala resaltó masacres como las de Honduras y La Negra (1988) y Punta Coquitos (1988), coordinadas por paramilitares con apoyo de miembros del Ejército.
3. Control sociocultural y territorial
Acciones de las Farc-EP para imponer su orden político y social mediante asesinatos, coerción, violencia sexual y afectaciones a libertades individuales.
El asesinato de la lideresa María Ricardina Perea Mosquera en 1996 es uno de los hechos representativos.
¿Quiénes fueron imputados?
Exintegrantes de las Farc-EP
Entre los ocho imputados figuran ‘Isaías Trujillo’, ‘Rubén Cano’, ‘Víctor Tirado’, ‘Rubín Morro’, así como ‘Rigoberto Lozada’, ‘Malicia’, ‘Yarleison’ y ‘Leonidas’.
Miembros de la fuerza pública
La JEP imputó a 21 militares retirados, incluidos el general Alejandro Navas Ramos, los mayores generales Edgar Ceballos Mendoza y Emiro José Barrios Jiménez, y el brigadier general Rito Alejo del Río.
Varios de ellos también enfrentan imputaciones en el Caso 06 (genocidio de la UP) y son investigados por nexos con el paramilitarismo en el Caso 08.
Terceros civiles
Cinco exdirectivos y asesores del Fondo Ganadero de Córdoba —entre ellos Benito Osorio Villadiego y Benito Molina Velarde— fueron señalados como responsables por su papel en el despojo y la apropiación ilegal de tierras, especialmente en regiones como Tulapas, donde más de 150 familias campesinas fueron expulsadas.
Daños a las comunidades
La Sala documentó afectaciones psicológicas, morales, comunitarias y territoriales.
Destacó la masacre de Pueblo Bello (1990), en la que 43 campesinos fueron asesinados por paramilitares con apoyo de unidades militares, y la tragedia de Bojayá (2002), donde un cilindro bomba lanzado por las Farc-EP causó la muerte de 98 civiles refugiados en una iglesia.
También se verificaron afectaciones diferenciadas por género y orientación sexual, con impactos severos sobre mujeres, niñas y personas OSIEGD, perpetradas por todos los actores armados.
Los siguientes pasos
Los 34 comparecientes imputados cuentan con 60 días hábiles para reconocer o rechazar las conductas atribuidas.
Si aceptan su responsabilidad, la JEP convocará una audiencia pública de reconocimiento y podrá imponer sanciones propias de 5 a 8 años de restricción efectiva de libertades.
Quienes no acepten serán remitidos a un juicio adversarial ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento, donde se enfrentan a penas de hasta 20 años de cárcel.
