Defensoría alerta grave vulneración de derechos sexuales y reproductivos en zonas de conflicto armado
La entidad advierte patrones sistemáticos de violencia sexual, explotación, control territorial y restricciones al acceso a la salud en al menos nueve departamentos y en la subregión del Catatumbo.
AME979. ASUNCIÓN (PARAGUAY), 01/06/2024.- Niños y niñas participan en una marcha, durante el Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual de niños y adolescentes, este sábado en Asunción (Paraguay). Decenas de niños, niñas y adolescentes se tomaron las calles de Asunción y alzaron sus voces en contra de la violencia sexual infantil, un delito que en Paraguay contabilizó 1.014 denuncias de enero a abril pasados, lo que da en promedio 8 víctimas por día. EFE/ Nina Osorio / Nina Osorio (EFE)
La Defensoría del Pueblo emitió una alerta sobre la persistente y sistemática vulneración de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de mujeres, niñas, adolescentes y personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónica (OSIGNH) en territorios afectados por el conflicto armado.
De acuerdo con la entidad, las afectaciones han sido identificadas en Chocó, Arauca, Guainía, Vichada, Amazonas, Cauca, Nariño, Putumayo, Buenaventura (Valle del Cauca) y la subregión del Catatumbo.
Según la Defensoría, los grupos armados ilegales ejercen dinámicas de control que restringen el acceso a servicios de salud, la autonomía reproductiva, la libertad sexual y la integridad física y emocional de mujeres y niñas, quienes enfrentan un riesgo “diferenciado y desproporcionado”.
En el caso de las personas con identidades y orientaciones diversas, preocupa el subregistro y la invisibilización de violencias como las llamadas “violencias correctivas”, impuestas por actores armados.
Catatumbo: embarazos forzados, ITS y amenazas por acceder a la IVE
En la subregión del Catatumbo, la Defensoría recogió testimonios de mujeres que reportan embarazos producto de violencia sexual, prohibición del uso de anticonceptivos, secuelas físicas graves y altos niveles de estrés postraumático.
La entidad documentó que un 20% de las mujeres consultadas presenta infecciones de transmisión sexual sin atención médica, y que el 80% de las mujeres desplazadas vive bajo constante miedo por la presencia de grupos armados.
El acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) también se ve coaccionado: mujeres que buscan atención son amenazadas o agredidas, y el personal de salud es intimidado si presta orientación o servicios.
Chocó y Buenaventura: explotación sexual, trata y feminicidios
En Chocó, la Defensoría reporta explotación sexual, trata de mujeres migrantes y casos de niñas de apenas 10 a 12 años con ITS producto de agresiones sexuales. Parteras y personal médico han sido amenazados, y existen denuncias de asesinatos tras obligar a personas a someterse a pruebas rápidas de ITS.
En Buenaventura, la entidad registra feminicidios perpetrados por actores armados, aumento de violencia sexual contra adolescentes y mujeres migrantes, así como amenazas al personal sanitario.
Los confinamientos y el control territorial impiden el acceso a medicamentos y a rutas de atención.
Arauca, Guainía y Vichada: asesinatos, reclutamiento y graves barreras sanitarias
En Arauca, se alertan asesinatos de mujeres migrantes en contextos de violencia armada y confinamientos que dificultan el acceso a servicios básicos. En Guainía y Vichada, la Defensoría identificó niñas con VIH asociado a explotación sexual y graves obstáculos para recibir atención médica. La entidad también documentó reclutamiento de niñas y niños con discapacidad para fines de explotación.
Amazonas, Cauca, Nariño y Putumayo: mortalidad materna oculta y control armado sobre brigadas de salud
En estas regiones, los confinamientos han incrementado la mortalidad materna, que no aparece reflejada plenamente en el sistema nacional de vigilancia debido a los llamados “silencios epidemiológicos”. Comunidades indígenas reportan aumento de embarazos adolescentes y uniones tempranas promovidas por estructuras armadas para ejercer control territorial.
Asimismo, se han denunciado brigadas de salud organizadas por actores armados y casos en los que las ITS no son reportadas porque las víctimas han sido asesinadas.
Un patrón de violencia y control
La Defensoría advierte afectaciones severas a la salud mental de las mujeres, sin capacidad institucional para responder adecuadamente. También señala prácticas extendidas de control armado sobre diagnósticos médicos, historias clínicas, tratamientos y personal humanitario que ingresa a los territorios.
“Los cuerpos de mujeres, niñas, adolescentes y personas diversas están siendo usados como instrumentos de control territorial y social”, alerta la entidad, y dijo que hay una violación de derechos fundamentales como la vida, la salud, la autonomía, la libertad y la dignidad humana.
Llamado urgente al Estado
La Defensoría del Pueblo pide al Estado implementar medidas urgentes y coordinadas, entre ellas:
- Garantizar un acceso oportuno, seguro y digno a servicios de salud sexual y reproductiva.
- Fortalecer la atención diferencial en salud mental e integral.
- Incorporar un enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos en los mecanismos de prevención, protección y respuesta humanitaria.
- Activar planes intersectoriales liderados por la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT).
