“Nos toca pedir limosna”: presidente de la Corte Constitucional por recorte presupuestal
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, advirtió que el recorte de cerca de 6 billones de pesos a la Rama Judicial compromete su capacidad operativa.
Jorge Enrique Ibáñez. Foto: cortesía de Corte Constitucional.
Durante el I Encuentro de las Altas Cortes, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, lanzó una dura advertencia sobre el recorte presupuestal previsto para la Rama Judicial en 2026. Según explicó, desde Barranquilla, la disminución de recursos pone en riesgo la capacidad operativa de los despachos judiciales en todo el país y profundiza las dificultades históricas del sistema.
Ibáñez señaló que la falta de autonomía financiera limita de manera grave el funcionamiento de la justicia y obliga a la Rama Judicial a depender de decisiones del Ejecutivo para su sostenimiento. “A la Rama Judicial le toca pedirle limosna a la rama ejecutiva del poder público para que se pueda crear un cargo”, dijo.
El presidente de la Corte Constitucional recordó además que, mientras la carga laboral ha aumentado de forma exponencial en las últimas décadas, el personal se ha mantenido prácticamente igual.
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“En los años 90 seleccionábamos por lo menos el 3% de las decisiones de tutela. Hoy, con un promedio de 90 mil sentencias al mes —4.500 cada día—, estamos seleccionando solo el 0,005%, con el mismo talento humano”, explicó. Esta situación, aseguró, refleja un deterioro progresivo en la capacidad de respuesta del alto tribunal.
Recorte asciende a cerca de 6 billones de pesos
Ibáñez también cuestionó que la reducción anunciada por el Gobierno asciende a cerca de 6 billones de pesos, cifra que calificó como un golpe directo al ejercicio de la función judicial. “Si la rama ejecutiva del Poder Público no quiere darnos lo que toca, como ahora que nos recortó casi 6 billones de pesos, sencillamente nos impiden el ejercicio de la función judicial”, insistió.
Finalmente, el magistrado subrayó que, aunque la Constitución reconoce la autonomía de la Rama Judicial, esta no se materializa en la práctica debido a la dependencia financiera. “La Constitución es muy buena en garantizar la autonomía judicial, pero está en el papel. Tenemos que algún día garantizar la verdadera autonomía en la realidad”, concluyó.
