Gobierno busca quedarse con el 51% de la Nueva EPS, pero negocia sin estados financieros completos
La negociación enfrenta un obstáculo central: no existen estados financieros actualizados de 2023 y 2024, lo que impide conocer el valor real de la entidad.
El Gobierno está cerca de adquirir el 51% de la Nueva EPS y convertirse en accionista mayoritario de la aseguradora más grande del país, con cerca de doce millones de afiliados. La operación depende de que las cajas de compensación —hoy dueñas del 50,1%— cedan parte de su participación al Estado, según pudo conocer Caracol Radio. El objetivo del Ejecutivo es usar la entidad como principal receptora de usuarios provenientes de EPS en crisis y habilitar mecanismos de crédito interinstitucional para inyectarle liquidez inmediata y pagar deudas con hospitales y clínicas. Esta figura solo es posible si la Nueva EPS queda bajo control estatal.
Sin embargo, la negociación enfrenta un obstáculo central: no existen estados financieros actualizados de 2023 y 2024, lo que impide conocer el valor real de la entidad, su patrimonio, el tamaño de sus pasivos y el costo de adquirir las acciones. Funcionarios del Ministerio de Hacienda han advertido riesgos patrimoniales para la Nación si se compra una participación sin información contable completa, lo que podría derivar en responsabilidades fiscales.
Otro punto en discusión es cómo entregar las acciones: Si las cajas las ceden gratuitamente, quienes firmen podrían enfrentar cuestionamientos por “regalar” un activo sin valoración. Si el Estado paga por ellas, lo hará sin saber cuánto valen, lo que también implicaría riesgos legales y fiscales. Aunque el acuerdo está avanzado, la transacción no ha sido firmada y depende de la aprobación final del Ministerio de Hacienda.
Nuevo interventor y preocupación en el sector
La negociación avanza mientras el Gobierno nombró como interventor a Luis Óscar Galves, una designación que ha generado cuestionamientos por su historial en entidades sometidas a control financiero y que ya empieza a llamar la atención de sectores políticos.
En paralelo, la entidad enfrenta un deterioro progresivo en su red de servicios. En Bogotá, la Personería reportó 1.943 quejas entre enero y septiembre, equivalentes al 22% de las reclamaciones de la ciudad, principalmente por fallas en medicamentos y citas médicas. Varias clínicas en Cali, como la Clínica de Occidente y la clínica Versalles, decidieron hace unos días no seguir prestando servicios a los pacientes de Nueva EPS por la falta de pago.
