Fiscalía declara desierta licitación para adquisición de herramienta de verificación biométrica
El ente acusador afirma que, la razón es que, “ningún oferente resultó habilitado conforme a los requisitos del pliego”. La Procuraduría
Huella digital imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Surasak Suwanmake
La Fiscalía General de la Nación declaró desierta la licitación por 38.000 millones de pesos, para que el CTI adquiera un nuevo programa de identificación biométrica, a través de una resolución firmada por la dirección Ejecutiva de la entidad, bajo el liderazgo de Alejandro Giraldo.
El ente acusador afirma que, la razón es que, “ningún oferente resultó habilitado conforme a los requisitos del pliego”.
Y, señala que “cumplió con todas las actuaciones previstas en la normativa de contratación con ocasión del proceso FGN-NC-LP-0002-2025, orientado a la adquisición, personalización, migración de datos, instalación, puesta en marcha, transferencia de conocimientos, soporte y mantenimiento de un sistema multibiométrico integral forense”.
No obstante, hay que tener en cuenta que, la Procuraduría pidió revocar dicho proceso licitatorio advirtiendo supuestas irregularidades en plazos establecidos y falta de indicadores de capacidad financiera.
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Por ese particular, dice la entidad que, “entregó respuesta oportuna y de fondo a la solicitud de revocatoria del acto de apertura elevada por la Procuraduría Delegada Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, atendiendo con rigor técnico y jurídico cada uno de los planteamientos. Agotada esa fase, se declaró desierto el proceso mencionado por cuanto ningún oferente resultó habilitado conforme a los requisitos del pliego”.
Finalmente, reiteró su compromiso con la transparencia, la igualdad, la objetividad y la legalidad que deben regir la gestión contractual, y continuará analizando y evaluando alternativas que aseguren soluciones técnicamente sólidas, fiscalmente responsables y alineadas con las necesidades misionales que ha trazado el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)“.
Las alertas que había hecho la Procuraduría
Una de las alertas se hace por a raíz de la adenda No. 5 pues según el Ministerio Público, este documento fue utilizado para rectificar errores de evaluación que ya habían ocurrido, permitiendo corregir ofertas inicialmente calificadas como no aptas.
Esta situación es problemática para el procurador Melgosa, porque las adendas solo deberían usarse para modificar el cronograma. Al usarse para subsanar errores sustantivos en la evaluación, se violan los principios de legalidad y transparencia en la contratación pública.
“La modificación que realizó la Dirección Ejecutiva versó sobre etapas que ya habían vencido y cuyo plazo ya se había agotado, mas no sobre etapas pendientes de ejecutar, luego, lo que sucedió fue que se revertió el proceso de contratación nuevamente a la etapa de evaluación. Por lo tanto, el instrumento para cumplir con el propósito de la entidad no era una adenda sobre el cronograma del proceso”, indica la comunicación de la Procuraduría.
Asimismo, en este acompañamiento de la Procuraduría se encontró que la Fiscalía no incluyó las cláusulas contractuales obligatorias para la contratación de jóvenes, ni incorporó los porcentajes mínimos para la contratación de personas en pobreza extrema, desplazados o en proceso de reintegración.
