Condenan a exalcalde de Alvarado, Tolima, por actos de corrupción en contratación
El exalcalde Yesid Fernando Torres Ramos fue condenado a seis años de prisión por falsificar la firma de un contratista en un proyecto de mejoramiento de vivienda.
Tolima
A seis años de prisión fue condenado el exalcalde del municipio de Alvarado, Yesid Fernando Torres Ramos, tras lograr un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó su responsabilidad por irregularidades detectadas en procesos de contratación durante su administración.
Asimismo, fueron condenados Carlos Fernando Cortés Ayala, exjefe de la Oficina de Planeación e Infraestructura, a cinco años de prisión, y Luis Enrique Corral Guzmán, quien se desempeñaba como jefe de Servicios Públicos para la época de los hechos, a una pena de cuatro años.
Estas personas fueron sentenciadas de acuerdo con su nivel de responsabilidad por los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por omisión.
Los hechos que motivaron esta decisión judicial ocurrieron entre mayo y septiembre de 2014, cuando Torres Ramos tramitó y suscribió, sin cumplir los requisitos legales, 12 contratos de prestación de servicios para contratar personal destinado al mejoramiento de seis viviendas urbanas dentro del programa Bloquera Solidaria del municipio de Alvarado.
De acuerdo con la investigación, dichos contratos fueron firmados a nombre de un tercero que nunca presentó una propuesta ni celebró los acuerdos. Su firma fue falsificada en todos los documentos contractuales y en los endosos de los cheques expedidos a su nombre.
“Se logró demostrar que el exalcalde suscribió falsamente actas de inicio, adición, liquidación y otra documentación contractual, indicando que se había reunido con el contratista, hecho que nunca sucedió. De igual manera, se apropió en provecho suyo y de terceros de parte de los dineros de los contratos por más de seis millones de pesos”, indicó la Fiscalía.
Por su parte, los otros exfuncionarios también suscribieron actas de evaluación, inicio y liquidación, así como otros documentos, con pleno conocimiento de las inconsistencias existentes con el contratista. La decisión es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley.
