Colombia, el cuarto país del mundo con más ataques a la educación: JEP alerta por desescolarización
Entre 2022 y 2023 se registraron 363 ataques contra la educación, y el 73% fue contra profesores.
Sogamoso reduce la deserción escolar y fortalece la permanencia educativa.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) reveló informe sobre la violencia que afecta al sector educativo en Colombia.
Según un estudio de la Unidad de Investigación y Acusación, el país es el cuarto del mundo con más ataques a la educación y el primero en el hemisferio occidental, situación que el tribunal considera una amenaza directa contra la niñez y la juventud.
El informe, que abarca el periodo entre 2017 y 2025, analiza cientos de casos de agresiones contra maestros, estudiantes e instituciones educativas, especialmente en zonas ruralesde Colombia.
“Ser profesor en una escuela rural prácticamente se ha convertido en una actividad peligrosa”, advirtió Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.
“En muchos lugares del país, los docentes son la única representación del Estado y quienes se enfrentan a los grupos armados para proteger a los menores”.
De acuerdo con el estudio, entre 2022 y 2023 se registraron 363 ataques contra la educación, de los cuales 243 ocurrieron en 2022, el año más crítico del periodo analizado.
El 73 % de los casos tuvo como víctimas a docentes, personal administrativo y estudiantes.
Álvarez explicó que la violencia ha generado un fenómeno que la JEP define como “desescolarización forzada”, producto del miedo, el desplazamiento y el reclutamiento infantil.
“La niñez y la juventud están siendo desescolarizadas. Muchos niños dejan sus estudios porque deben huir de la violencia o porque sus padres temen que sean reclutados o asesinados”, señaló.
Soluciones que propone la JEP
La JEP propone que se estudie la posibilidad de tipificar los ataques a la educación como un delito autónomodentro del sistema penal, para garantizar investigación y sanción específicas a los responsables.
“En el derecho internacional humanitario las escuelas y los civiles son bienes protegidos, pero en la normatividad nacional no se está analizando el impacto que estos ataques tienen sobre el sistema educativo y las generaciones futuras”, subrayó el funcionario.
Finalmente, la JEP insiste en la necesidad de mecanismos restaurativos que permitan reparar el daño causado a las víctimas, especialmente a los niños, adolescentes y familias que han sufrido por la violencia contra la educación.
