Contraloría prende alarmas sobre contrato en Ecopetrol por caso Roa

Como lo reveló Caracol Radio hace varios días, la Contraloría General de la República le envió al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, una Comunicación de Observación en la que cuestiona la ejecución del contrato CW207382 y su Otrosí 01, suscritos con la firma estadounidense Covington & Burling LLP. Dicho contrato tenía como propósito asesorar a la Junta Directiva de Ecopetrol en la evaluación del impacto que podrían tener en Estados Unidos las investigaciones que involucran a Roa, particularmente en términos de riesgo reputacional y regulatorio. En esencia, la firma debía determinar si la permanencia de Roa al frente de la petrolera podía generar consecuencias ante autoridades como la SEC y orientar a la Junta sobre cómo proceder.

Sin embargo, según la Contraloría, aunque el contrato avanzó y generó pagos por $1.592.888 millones de dólares, el 21 de marzo de 2025 la Junta Directiva decidió suspender su ejecución —tal como consta en el Acta del Comité de Auditoría y Riesgos del 20 de febrero de 2025 y en el Acta 470 de la Junta Directiva— sin que se hubieran entregado los informes finales, el alcance esperado o el cronograma completo de actividades. Además, la Contraloría señala que la suspensión no se formalizó correctamente, pues no existe acta de suspensión integrada al expediente contractual, lo que contraviene el Manual de Contratación de la misma empresa Ecopetrol y el procedimiento de gestión de eventualidades del Libro de Abastecimiento.

La Contraloría también advirtió que una parte significativa de los pagos se realizó únicamente con base en horas reportadas por la firma contratista, es decir por Covington & Burling LLP, sin soportes que permitan trazar o verificar la efectiva prestación del servicio contratado. Por ello, concluye el organismo de control que no hay evidencia de un beneficio claro para Ecopetrol a cambio de los recursos ejecutados. Ante estas irregularidades, la Contraloría le dice a Ecopetrol que si no hay respuesta a estas preguntas, se emitirá una Alerta de Control Interno, dado el riesgo de detrimento patrimonial, y señala posibles responsabilidades administrativas y disciplinarias. Ecopetrol debió contestar en cinco días hábiles desde el recibo de la comunicación para responder y aportar soportes.