Cómo la Toma del Palacio impactó la justicia, memoria urbana y la imagen internacional de Colombia

La ‘Toma del Palacio de Justicia’, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985, se instauró en la memoria colectiva como una fractura profunda en el sistema judicial colombiano.

Este asalto, por parte del M-19, contra la Corte Suprema de Justicia, con el objetivo de someter a juicio al presidente Belisario Betancur, culminó en una violenta retoma militar que dejó cerca de cien muertos, once desaparecidos y un incendio que consumió los archivos judiciales.

Cabe destacar que esta tragedia acabó con la vida de once magistrados, pero también borró años de jurisprudencia, según lo documentó la Comisión de la Verdad. La muerte de casi toda la Sala Plena, se ha percibido como el colapso institucional de la justicia.

Por otra parte, como indicó el Centro Nacional de Memoria Histórica, la pérdida de expedientes y doctrinas obligó a reconstruir la Corte desde cero, interrumpiendo debates esenciales sobre derechos humanos y límites del poder.

Adicionalmente, hay que resaltar que jueces y magistrados comenzaron a actuar con cautela, conscientes de los riesgos de contrariar intereses armados o políticos; este trauma configuró una justicia más defensiva.

Asimismo, la Constitución de 1991 intentó mitigar el impacto del acontecimiento, creando nuevos mecanismos de protección judicial, pero la sombra del Palacio aún pesa sobre la independencia y credibilidad de la justicia colombiana.

¿Cómo la Toma del Palacio reconfiguró la arquitectura de la capital de Colombia?

La Toma también simboliza la fractura del corazón arquitectónico de Bogotá y no se entiende solo como la destrucción de un edificio. Es relevante considerar que el Palacio, frente a la Plaza de Bolívar, representa la autoridad del Estado y la fe en la justicia.

Su asalto y la violenta retoma, como señaló el Centro Nacional de Memoria Histórica, rompieron el monopolio civil del uso de la fuerza y abrieron una herida profunda en la legitimidad institucional del país.

Desde entonces, el nuevo Palacio y su entorno se convirtieron en un escenario donde se enfrentan memoria, silencio y disputa pública. Para las víctimas, la reconstrucción material nunca reparó el daño simbólico.

De manera metafórica, es sencillo decir que esta zona de la ciudad sigue habitada por ausencias, preguntas sin respuesta y exigencias de verdad. Las investigaciones y archivos desclasificados, tanto nacionales como internacionales, alimentaron el debate sobre cómo narrar lo ocurrido.

Desde otra perspectiva, el arte público ha ocupado ese vacío. Obras e intervenciones, como las de Doris Salcedo, transformaron la plaza en un espacio de duelo y reflexión. Estos gestos artísticos y cívicos mantienen abierta la conversación sobre la violencia y el poder.

¿De qué manera los medios internacionales narraron este suceso, en plena Guerra Fría?

En la prensa internacional de 1985, la Toma del Palacio de Justicia fue documentada como un episodio más del tablero ideológico de la Guerra Fría. Medios como ‘Le Monde’ la describieron como el colapso del Estado colombiano ante el choque entre insurgencia y autoritarismo.

Las imágenes del Palacio ardiendo y de los magistrados muertos se convirtieron en símbolo de la fragilidad democrática de un país atrapado entre guerrillas de izquierda, narcotráfico y represión estatal.

En suma, la cobertura combinó el drama humano con interpretaciones geopolíticas sobre la expansión del conflicto revolucionario en América Latina. Hay que destacar que archivos y cables diplomáticos desclasificados décadas después, revelaron la preocupación internacional por la magnitud de la tragedia y por la respuesta militar.

Desde Washington, Londres y París se habló de un “noviembre negro” que deterioró la imagen externa de Colombia. Aunque los gobiernos condenaron el ataque del M-19, también expresaron dudas sobre el uso excesivo de la fuerza y la desaparición de personas tras la retoma.

Finalmente, cabe acotar que organizaciones y movimientos como ‘Amnistía Internacional’ y ‘Human Rights Watch’ denunciaron ejecuciones y torturas, al afirmar que el Estado debía responder por violaciones graves al derecho internacional.