Así se reconstruyó la Corte Suprema de Justicia tras el Holocausto
Caracol Radio revela documentos fundamentales para entender la manera en que se reestableció la Corte Suprema de Justicia luego la Toma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de diciembre de 1985.

Después de la toma y la retoma del Palacio de Justicia, los magistrados sobrevivientes se reunieron, en medio de la incertidumbre, para evitar el colapso de la Justicia y reconstruir la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y también para mantener la actividad del Consejo de Estado (CE), que despachaba igualmente en el Palacio de Justicia, consumido por las llamas.
Caracol Radio tiene en su poder las dos primeras actas correspondientes a las reuniones que se dieron en esos oscuros momentos. La primera, el 12 de noviembre y, la segunda, el día, 13.
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La reunión del 12 fue convocada por el vicepresidente, magistrado Fernando Uribe Restrepo y lo acompañaron, en la Casa de la Moneda, los magistrados Luis Enrique Aldana Rozo, José Alejandro Bonivento Fernández, Hernando Baquero Borda, Manuel Enrique Daza Álvarez, Héctor Gómez Uribe, Gustavo Gómez Velásquez, Juan Hernández Sáenz, Humberto Murcia Ballén y Alberto Ospina Botero. Por incapacidad, no asistieron Nemesio Camacho Rodríguez y Hernando Tapias Rocha.
Gómez Velásquez propuso se eligieran dignatarios en propiedad. Por unanimidad fue designado como nuevo presidente de la CSJ el magistrado Uribe Restrepo y, como vicepresidente, Aldana Rozo. El juramento lo tomó Baquero Borda. Se discutió enseguida y se aprobaron las bases de la investigación que, a juicio de la CSJ y del Ministerio de Justicia, debía adelantarse. Ese día, el presidente del CE, Carlos Betancur Jaramillo, manifestó que ellos querían sesionar en la Casa de la Moneda, mientras que se determinó que la CSJ se instalaría provisionalmente en espacios de la Hemeroteca y en la Casa de Pombo.
Al día siguiente, noviembre 13, en la Casa de Pombo, se aprobó la declaración pública de la CSJ acerca de los hechos del Palacio de Justicia, reprobando el atentado contra la institucionalidad y lamentando el asesinato de los magistrados Alfonso Reyes Echandía (presidente), Fabio Calderón Botero, Manuel Gaona Cruz, José Eduardo Gnecco Correa, Fanny González Franco, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano, Horacio Montoya Gil, Alfonso Patiño Rosselli, Pedro Elías Serrano Abadía y Darío Velásquez Gaviria, así como de otros servidores públicos y víctimas inocentes.
De igual manera se manifestó la comprensión de “actitudes emocionales de algunos integrantes de la Rama Jurisdiccional, motivadas por la horrenda tragedia” y se les invitó a “perseverar en el cumplimiento estricto del deber, como muestra de vitalidad y cohesión de la administración de Justicia y como ejemplo de cordura y de temple de carácter, necesario aporte de los colombianos al mantenimiento de las instituciones republicanas”. Se escuchó a representantes del Tribunal Superior de Bogotá y de Asonal Judicial, que planteaban la posibilidad de un paro, pero acataron la petición de la CSJ de no hacerlo.
A diferencia de lo que sucedió con otros miembros de presidencia y del gobierno, se consideró digno de aplauso el comportamiento del ministro de Justicia, Enrique Parejo González. Recuérdese que Parejo González siempre insistió en el diálogo antes de emprender acciones armadas y declaró: “Cuando llegó Delgado Mallarino (director de la Policía), yo me exalté, porque me pareció que eso de tomarse el cuarto piso era una especie de desacato. Yo utilicé esa expresión porque solicité que se parara el operativo, por el peligro que esa operación presentaba sobre la vida de los rehenes que estaban en el cuarto piso del Palacio de Justicia. (…) No tenían competencia para suspender una medida tomada por el Consejo de Seguridad, integrado por varios ministros, el director de la Policía y el director del DAS”.
En los días posteriores, viéndose diezmada, la CSJ se dio a la tarea de surtir las plazas dejadas por los magistrados asesinados. Los eligió la propia Corte, con un quórum menor del que normalmente se requería. Esa fue una interpretación que hicieron del reglamento interno para evitar que se paralizara la labor del alto tribunal.








