Corte cita audiencia por crisis humanitaria que afecta a desplazados y firmantes de paz en Catatumbo
Se busca asegurar una respuesta integral del Estado ante las graves vulneraciones de derechos que enfrentan la población desplazada y los firmantes del Acuerdo de Paz.
Reincorporación comunitaria, es la solución.
JUSTICIA
La Corte Constitucional convocó a una audiencia pública de seguimiento el 11 de noviembre de 2025 con el fin de asegurar una respuesta integral del Estado ante las graves vulneraciones de derechos que enfrentan la población desplazada y los firmantes del Acuerdo de Paz en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
Esta determinación se toma luego de que un equipo de las Salas Especiales de Seguimiento a las Sentencias T-025 de 2004 y SU-020 de 2022, sobre desplazados y firmantes de paz, se desplazara a la región e identificara una grave crisis humanitaria por cuenta de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC.
“De acuerdo con las cifras oficiales, la crisis humanitaria ha dejado más de 73.000 personas desplazadas, entre ellas 218 firmantes del Acuerdo Final de Paz, y 2.400 confinadas, de las cuales 183 también hacen parte de ese colectivo. Las entidades reportan, además, la desaparición de 6 firmantes y el homicidio de otros 7″, indica la Corte.
Cabe resaltar que por estos ataques a la población civil y la débil respuesta institucional, el gobierno Nacional declaró un estado de conmoción interior para Norte de Santander y algunos municipios del Cesar.
Corte Constitucional encontró una deficiente acción del Estado
La Corte Constitucional advirtió que las respuestas institucionales frente a la crisis humanitaria que atraviesa el Catatumbo siguen siendo limitadas, fragmentadas y carentes de liderazgo, especialmente por parte de la Unidad para las Víctimas, pese a las reiteradas órdenes judiciales que buscan garantizar los derechos de las comunidades afectadas por el conflicto armado.
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Según un reciente informe de seguimiento, en la fase de atención inmediata las entidades estatales entregaron ayudas y dispusieron de albergues, pero la falta de coordinación y las condiciones de inseguridad han impedido avanzar hacia la estabilización de las comunidades confinadas. La Corte subrayó que el fuerte control de grupos armados en la región ha prolongado el confinamiento en distintos municipios y que, hasta la fecha, no se ha logrado establecer el número real de víctimas.
En la fase de estabilización, el alto tribunal evidenció la ausencia de garantías para los retornos y reubicaciones, así como la debilidad de las estrategias para promover la sostenibilidad socioeconómica de las familias desplazadas.
La situación es particularmente crítica para los firmantes del Acuerdo de Paz, cuyo desplazamiento forzado ha obstaculizado su reincorporación y truncado sus proyectos productivos. Además, los predios destinados para su reubicación presentan carencias en materia de seguridad, vivienda digna y servicios públicos básicos.
La Corte también expresó preocupación por el retraso en la implementación del Pacto Catatumbo, instrumento anunciado por el Gobierno nacional como eje de la respuesta integral a la crisis. Aunque ha sido presentado como una herramienta de transformación territorial, su ejecución aún no ha comenzado, lo que genera incertidumbre sobre su efectividad y riesgo de que “permanezca en el papel”.
Para las Salas de Seguimiento, estos hallazgos reflejan la fragilidad estructural del Estado frente a emergencias humanitarias recurrentes. Según el informe, el patrón que se repite en el Catatumbo, demuestra que la política pública continúa enfocada en contener la emergencia, pero no en superarla.
