Es un contrasentido crear Jurisdicción Agraria Rural que le quite competencias a los jueces: SAC

El recorte de $695.000 millones a la Rama Judicial para 2026 afecta directamente la creación y funcionamiento de la jurisdicción agraria y rural, determinante para resolver conflictos de tierras.

Sin recursos, se retrasa el nombramiento de jueces agrarios, lo que permite que el Gobierno Petro continúe administrando la reforma agraria sin control judicial.

La demanda presentada por la Agencia Nacional de Tierras ante la Corte Constitucional busca que el Ejecutivo asuma esas funciones de manera temporal. No obstante, la falta de independencia judicial en este ámbito pone en riesgo la transparencia, la equidad rural y el acceso real de los campesinos a la justicia.

En este mismo contexto, Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, pasó por 6AM para profundizar en los riesgos de eliminar la fase judicial de los procesos agrarios.

¿Cuál es la inconformidad de la SAC?

Para empezar, Bedoya explicó que el Decreto Ley 902 de 2017, expedido durante el gobierno de Juan Manuel Santos, ordena al Gobierno Nacional implementar los compromisos del acuerdo de paz, estableciendo que los conflictos de tierras deben ser resueltos por jueces de la República.

No obstante, señaló que el gobierno del presidente Petro, pese a manifestar su apoyo al proceso de paz, impulsa en el Congreso la creación de la jurisdicción agraria con una propuesta que, paradójicamente, resta competencias a los jueces rurales.

Por su parte, Bedoya cuestionó que, si se busca crear una justicia para el campo colombiano, no tenga sentido limitar la función judicial. Además, recordó que hoy a las 14:00 se debatirá este proyecto de ley.

“Lo que pase con la justicia rural será fundamental para la implementación del acuerdo de paz, pero sobre todo para que haya garantías procesales en todos los procesos agrarios que hoy sí tienen una fase judicial y que el Gobierno se la quiere quitar”, agregó.

¿La propuesta en discusión contradice el proceso de paz?

Desde su perspectiva, Bedoya comentó que en julio de este año el director de la Agencia Nacional de Tierras demandó ante la Corte Constitucional varios artículos del Decreto Ley 902 de 2017, buscando suspender la fase judicial de los procesos agrarios hasta que el Congreso aprobara la jurisdicción agraria.

También señaló que resulta contradictorio crear una justicia rural mientras se intenta quitar competencias a los jueces. Explicó que, de aprobarse el proyecto, sería el Ejecutivo quien investigue y decida sobre los conflictos de tierras, dejando a los campesinos sin independencia judicial.

Adicionalmente, el presidente de la SAC pidió a la Cámara de Representantes revisar con cuidado esta iniciativa, pues considera que contradice el acuerdo de paz y las garantías judiciales fundamentales de los ciudadanos rurales. “Eso es quitarles las garantías que debe tener cualquier ciudadano de acudir ante los jueces de la República, que son quienes deben decidir”, añadió.

¿Es coherente impulsar una jurisdicción agraria, de la manera en la que se está desarrollando?

Bedoya cuestionó la posición del Gobierno frente a la creación de la jurisdicción agraria, señalando que argumentar que los ciudadanos pueden interponer una acción de nulidad no soluciona el problema de fondo, pues ese recurso llega cuando ya se ha perdido la tierra.

Por otro lado, recordó que el acuerdo de paz establece una fase judicial precisamente para garantizar la intervención de los jueces en los procesos agrarios. Según Bedoya, resulta incoherente impulsar una justicia agraria que, en lugar de fortalecer a la Rama Judicial, le quite funciones.

Finalmente, afirmó que el Decreto Ley 902 de 2017 ya otorgó esas competencias a los jueces en cumplimiento del acuerdo de paz, y que despojarlos de ellas vulnera ese compromiso.