Hundimiento de narcolancha en el Pacífico, ¿qué implica para Petro y para Colombia?

En Hora 20 el análisis a la primera supuesta narcolancha atacada por Estados Unidos en aguas del Pacífico, cerca de Colombia. Se discutió el impacto de este hecho en medio de las tensiones con Washington, la estrategia antidrogas que impulsa la administración Trump y lo que podría venir con los nuevos operativos.

Después, una mirada al panorama político nacional, que se mueve entre una consulta que parece tomar forma y una constituyente nuevamente agitada por el presidente de la República.

Lo que dicen los panelistas

Thierry Ways, empresario, ingeniero y columnista de El Tiempo, señaló que el ataque en el Pacífico es una demostración más de que Donald Trump busca nivelar a Gustavo Petro y a Nicolás Maduro:

“Es una nivelación injusta, no hay motivos para calificarlo así. Sin embargo, a Petro le aplican de su propia medicina; él suele hacer inferencias causales y señalamientos traídos de los cabellos, y eso intenta hacer ahora Trump con él.”

Resaltó además que el país tendrá que lidiar con las consecuencias del bombardeo:

“Que ya no sea solo en el Caribe lleva a pensar que esto va más allá de lo que se pensó inicialmente. No es solo una medida contra el régimen, también busca cerrar rutas del narcotráfico y decir que las cosas son también con nosotros, no solo contra Venezuela.”

Agregó que a Petro “le tienen ganas” y que le buscarán cualquier aporte de campaña que pueda ser sospechoso para complicar su panorama político.

Juan Esteban Lewin, periodista y jefe de redacción de El País América, consideró que el bombardeo en el Pacífico es una ampliación del operativo en el Caribe y representa una presión adicional para Colombia:

“Las declaraciones de EE. UU. dejaron de hablar solo de Venezuela y ahora incluyen al ELN y a Colombia. Es una señal que se debe interpretar y tener en cuenta.”

Añadió que el trato de Trump hacia Petro es indigno:

“Estamos acostumbrándonos a un lenguaje alejado de la diplomacia, y creo que el presidente ha actuado de manera inusualmente prudente; eso es inusual, porque se contiene.”

Edison Bolaños, periodista, director y cofundador de Revista Raya, afirmó que Estados Unidos está recurriendo nuevamente a la narcotización de la política en América Latina:

“Esto lo han hecho con el presidente Petro, al acusarlo de cargos demasiado fuertes sin exponer las evidencias ni llevarlas ante la justicia.”

También denunció que más de 30 personas han muerto en los bombardeos de EE. UU.:

“Son civiles no armados, y la discusión debe centrarse en que estas son agresiones y crímenes que Estados Unidos está cometiendo. Se denuncia además una posible agresión en aguas colombianas, y eso se está investigando. El agravante es que algunas voces de la extrema derecha están legitimando las decisiones de Trump en la región.”

Daniel Mejía, exsecretario de Seguridad de Bogotá, consultor y profesor de la Universidad de los Andes, analizó que hay dos dimensiones en la decisión de EE. UU. de atacar en el Pacífico:

“O buscan equiparar a Petro con Maduro, o buscan blindar las rutas del narcotráfico y seguirán bombardeando lanchas por el Pacífico.”

Según Mejía, Washington estaría equiparando su lucha antidrogas en Colombia con la que mantiene en Venezuela. Sobre Ecuador, destacó que las buenas relaciones entre los gobiernos de Noboa y Trump hacen poco probable un ataque similar:

“Allí se privilegiarán labores de interdicción, capturas y procesos judiciales.”

Agregó que el respaldo de EE. UU. a Quito ha blindado al país frente al narcotráfico, pero con efectos colaterales:

“Ese bloqueo sobre las economías ilegales incrementa los precios de la cocaína y, por tanto, aumentan las espirales de violencia en otros territorios como Colombia.”

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, explicó que tras el análisis de ocho ataques y 36 víctimas mortales, no puede afirmarse que exista un conflicto armado entre Estados Unidos, Colombia, Venezuela y los grupos criminales:

“Con estos ataques, al generar un uso de la fuerza letal, se han producido ejecuciones extrajudiciales.”

Recalcó que, independientemente de si los ocupantes de las lanchas eran narcotraficantes o no, las autoridades deben realizar procesos de interdicción, detención o actuar en legítima defensa, no usar la fuerza letal como primera opción:

“Al lanzar ataques con fuerza letal como primera opción, lo que hace EE. UU. es una ejecución extrajudicial que contraviene sus propias obligaciones internacionales y protocolos.”

Goebertus recordó que la aplicación del Derecho Internacional Humanitario depende de criterios objetivos, interpretados por el CICR, y no de una declaración política:

“EE. UU. tiene un proceso de autorización de declaratoria de conflicto armado por parte del Congreso, y ese proceso no se ha surtido.”