Consejo de Estado fija nueva regla para coaliciones políticas
Abogado nortesantandereano explica que los partidos que superen el 15% de los votos no podrán volver a unirse en la siguiente elección.

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Norte de Santander.
El reciente fallo del Consejo de Estado, que redefine la forma de calcular la votación de los partidos que integran una coalición política, podría modificar el panorama electoral en Norte de Santander y en todo el país.
En diálogo con Caracol Radio, el abogado nortesantandereano Germán Escobar, especialista en derecho electoral, explicó que la decisión del alto tribunal, emitida el 9 de octubre por la Sección Quinta, fija una nueva interpretación sobre el artículo 262 de la Constitución, que regula la conformación de coaliciones políticas.
El pronunciamiento surgió tras el estudio de una demanda relacionada con la elección del diputado Luis Alfonso Álvarez Padilla en el departamento de Sucre, quien fue elegido por la coalición entre el Centro Democrático y Colombia Justas Libres.
En ese caso, el Consejo de Estado determinó que las colectividades que, al unirse, superen el 15% de la votación válida en una elección, no podrán volver a coaligarse en la siguiente contienda.
“La sentencia aclara que, si dos partidos o movimientos superan ese 15% en conjunto, deberán ir solos la próxima vez. Esa interpretación será obligatoria desde las elecciones al Congreso de 2026 y para todas las posteriores”, señaló el abogado.
Escobar añadió que esta regla tendrá repercusiones en los procesos locales, incluyendo los de Norte de Santander, donde es común que partidos tradicionales y grupos significativos de ciudadanos se unan para aspirar a curules en la Asamblea Departamental o en los concejos municipales.
“Por ejemplo -dijo Escobar- si en Norte de Santander una coalición entre el Partido Conservador y un grupo significativo como Todos por Cúcuta supera el 15% de los votos, no podrían volver a unirse en las próximas elecciones, las del periodo 2027–2030. En ese caso tendrían que ir de manera independiente”.
El abogado explicó que, aunque la decisión da claridad jurídica a un vacío que existía en la Ley 1475 de 2011, también puede limitar la participación de movimientos pequeños, que tradicionalmente se apoyan en las coaliciones para alcanzar representación en corporaciones públicas.




