Rama Judicial de Norte de Santander en alerta por ola de violencia contra abogados y jueces
Asonal advierte falta de garantías y exige protección urgente.
Trámite legal, imagen de referencia: Getty Images
Cúcuta.
La Rama Judicial en Norte de Santander se encuentra en máxima alerta tras los recientes ataques que han golpeado a sus integrantes.
El asesinato del abogado Jilmar Rey Abelino Duarte Gámez, ocurrido en un establecimiento comercial del barrio La Ceiba de Cúcuta, y el atentado contra un juez cucuteño en la ciudad de Cali, evidencian la grave situación de inseguridad que atraviesa el sector.
Daniel Rincón, vicepresidente de Asonal Judicial capítulo Norte de Santander y representante nacional de quejas y reclamos, lamentó lo ocurrido y recordó que la violencia contra la justicia no es un hecho aislado.
“Hace un año perdimos también al compañero Wilson Rey y ahora, casi en paralelo al asesinato del doctor Jilmar, el juez Mora, quien se desempeñaba en Cúcuta y hoy hace parte de un juzgado de familia en Cali, fue víctima de un atentado. Esto demuestra que no existen garantías reales para quienes ejercemos esta labor”, señaló.
El dirigente reiteró que desde hace meses el gremio ha venido advirtiendo sobre el riesgo que enfrentan tanto funcionarios judiciales como abogados litigantes, particularmente en el área penal, donde la presión del trabajo y la exposición a intereses criminales incrementan los peligros.
“El litigio penal demanda resultados inmediatos y eso convierte a los abogados en blanco de amenazas. Urge que las autoridades adopten medidas concretas de protección”, agregó.
Asonal Judicial subrayó que la crisis de seguridad en el departamento se agudiza por la violencia en el Catatumbo, la situación en la frontera y la falta de personal en los despachos, lo que recarga a los jueces y retrasa la atención de miles de procesos.
Para Asonal, estos factores no solo afectan a los trabajadores de la Rama Judicial, sino también a los ciudadanos que esperan respuestas de la justicia.
El sindicato insistió en un llamado urgente al Gobierno Nacional y a las instituciones competentes para garantizar la vida de quienes integran el sistema judicial en la región, al advertir que sin seguridad para jueces, empleados y abogados, la administración de justicia en Norte de Santander corre un riesgo mayor de debilitamiento.
