Justicia

Juez pide explicaciones al INPEC y la Policía por incumplir con el traslado de Pipe Tuluá a La Picota

Andrés Felipe Marín Silva, alias de “Pipe Tuluá” sigue recluido en una estación de Policía.

INPEC confirmó amenazas tras el traslado de ‘Pipe Tuluá', jefe criminal de 'La Inmaculada'

INPEC confirmó amenazas tras el traslado de ‘Pipe Tuluá', jefe criminal de 'La Inmaculada'

El pasado 24 de septiembre, el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de Villanueva, La Guajira ordenó el traslado en un término máximo de 48 horas de Andrés Felipe Marín Silva, conocido con el alias de “Pipe Tuluá” al Pabellón de Extraditables de la cárcel La Picota, mientras se resuelve la solicitud de su extradición a Estados Unidos.

En el fallo de tutela se explica que su traslado se pide como protección transitoria “a la vida, la seguridad y al debido proceso”. Su defensa alega que se encuentra en condiciones indignas.

Sin embargo, siete días después, el jefe de la banda criminal ‘La Inmaculada’, sigue recluido en la estación de Policía de ‘Los Mártires’ en Bogotá. Por eso, el mismo juez ha pedido explicaciones del incumplimiento al fallo judicial.

“RESUELVE: REQUERIR a los directores nacionales y a los responsables de las oficinas de talento y/o recursos humanos del INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO (INPEC) y de la POLICÍA NACIONAL para que, en el término de un (1) día contado a partir de la notificación del presente proveído, (i) certifiquen quién es el funcionario(a) encargado(a) de cumplir la orden de tutela, así como también sus nombres completos, los números de cédulas de ciudadanía, cargo que desempeñan, correo electrónico personal de notificaciones y demás datos que permitan su adecuada e inequívoca identificación; (ii) informen las razones por las cuales aún no han dado cumplimiento a la orden de tutela; (iii) se les conmine a los encargados de darle cumplimiento a la orden de tutela a que procedan de conformidad con lo ordenado”, se lee en el auto.

La autoridad judicial advierte que la persistencia en el incumplimiento podría resultar en sanciones, multas o arrestos por fraude a resolución judicial.

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