Medellín

Juez alerta prescripción en proceso de corrupción contra excontralor de Antioquia y exalcaldes

Audiencia preparatoria fue aplazada hasta 2026, pese a que las imputaciones ocurrieron en 2019.

El contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña. Foto: Colprensa

El contralor general de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña. Foto: Colprensa(Thot)

Medellín, Antioquia

Una juez de la República advirtió que existe un grave riesgo de prescripción en el proceso penal contra el excontralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, tres de sus excontralores auxiliares, y varios exalcaldes del departamento, investigados por un presunto entramado de corrupción en la Contraloría departamental.

Durante una audiencia realizada el pasado viernes 26 de septiembre, la funcionaria judicial llamó la atención a la Fiscalía General de la Nación y a la seccional de Antioquia, al considerar que el caso, debido a su complejidad, no cuenta con el equipo investigativo suficiente para manejar la cantidad de información y pruebas involucradas.

“Este proceso es una cruz para todos los que estamos incluidos en él, pero hay que tramitarlo dentro de la legalidad”, manifestó la jueza en la diligencia. “Recordemos que este proceso viene desde el año 2019 en otros juzgados y solo hasta el 2022 lo recibió la suscrita. En el evento en que este proceso eventualmente llegue a prescribir, la responsabilidad debe ser asumida por el ente acusador. Llevamos cinco años y no hemos podido pasar de la preparatoria”, agregó.

La juez informó que oficiará a ambas instancias para que refuercen el apoyo técnico e investigativo, ya que hasta el momento ni siquiera se ha concluido la etapa de audiencias preliminares, pese a que las imputaciones se realizaron en 2019 contra un total de 10 personas.

Discrepancia entre fiscales y nuevo aplazamiento

El proceso también enfrenta dificultades internas en el ente acusador. Mientras la fiscal a cargo asegura que enfrenta sobrecarga laboral y carece del respaldo necesario para organizar el descubrimiento de pruebas, la coordinadora de Fiscalías manifestó su sorpresa ante esta afirmación, argumentando que ya se habían designado investigadores de Policía Judicial y auxiliares para apoyar el caso.

“Después de esa depuración que se hizo con el apoyo de la dirección de Antioquia, donde vinieron cuatro compañeras de administración pública, fue por cuatro días. En cuatro días no digamos que es mucho lo que se pudo avanzar. La información es demasiado voluminosa, al punto que se gasta uno un día, hablando noche y día, para que en una terapia puedan almacenarse todos esos elementos”, explicó la fiscal.

Ante la imposibilidad de presentar un descubrimiento de pruebas puntual y ordenado, la audiencia preparatoria fue aplazada nuevamente, y quedó programada para el 6 de febrero de 2026. Esto incrementa la posibilidad de que el proceso prescriba sin llegar a juicio.

Contraloría de Bolsillo: cargos e hipótesis de la Fiscalía

El caso es conocido como la “Contraloría de Bolsillo” en Antioquia. Según la Fiscalía, existió un pacto entre el excontralor Zuluaga y varios funcionarios para intercambiar puestos de trabajo por conceptos favorables en auditorías.

Los imputados en el proceso son:

  • Sergio Zuluaga Peña, excontralor de Antioquia
  • José Hernando Duque Arango, excontralor auxiliar
  • Dioner Andrés Ortiz Ossa, excontralor auxiliar
  • Gabriel Jaime Castaño Aristizábal, excontralor auxiliar
  • Rubén Darío Naranjo Henao, exsubcontralor
  • Héctor Darío Cano Arango, exgerente del Hospital de Copacabana
  • César Augusto Zapata Pérez, exalcalde de La Pintada
  • William Enrique Rendón Agudelo, exalcalde de Jardín
  • Luz Marina Marín Daza, exalcaldesa de San Carlos
  • Johny Andrés Jaramillo Marín, exasesor de la Alcaldía de Briceño
  • María Elena Escobar Quijano, particular

Aunque la Fiscalía ya realizó el descubrimiento de pruebas, las defensas alegan que fue desorganizado, lo que obligará a una fase prolongada de análisis antes del juicio.

El riesgo de prescripción de la acción penal se incrementa, mientras el caso continúa sin definiciones claras, más de seis años después de las imputaciones iniciales.

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