Exgerente de la EDU en Medellín demandó a empresario por injuria y calumnia
Aseguró que está realizando montajes judiciales por encargo en Colombia
El exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín (EDU), Wilder Echavarría, rechazó los intentos de contratistas y empresarios señalados por millonarias estafas inmobiliarias de instrumentalizar la justicia y la opinión pública mediante montajes judiciales por encargo.
Echavarría hizo referencia directa al empresario Tomás Sierra, vinculado a la firma Acierto Inmobiliario, empresa intervenida por las autoridades tras defraudar a miles de familias con falsas promesas de vivienda, señalándolo de difundir rumores infundados para desviar la atención de sus propias responsabilidades judiciales.
El exgerente informó que interpuso denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por injuria y calumnia, en defensa de su honra y buen nombre.
Este hecho tiene que ver con los señalamientos que se han hecho en contra de algunos funcionarios de la alcaldía de Daniel Quintero en Medellín, entre los que se encuentra, Wilder Echavarría, de quien se ha dicho, desde la EDU colaboró con un posible acto de corrupción para supuestamente, por debajo de la mesa un lote del Distrito, en donde al parecer, habría estado también el hermano del exmandatario de la capital antioqueña, Miguel Quintero.
El exfuncionario también llamó la atención sobre el riesgo de captura institucional en Medellín, recordando que la exdirectora de la Fiscalía en esa ciudad hoy hace parte de la actual administración, lo que genera serios cuestionamientos sobre la independencia en el trámite de denuncias y procesos que podrían estar siendo usados con fines políticos.
“Esas denuncias son falsas, carecen de pruebas y buscan manipular la opinión pública. Lo que estamos viendo es una estrategia nacional de contratistas y empresarios cuestionados que pretenden silenciar la verdad y golpear la campaña de Daniel Presidente con montajes judiciales”, advirtió Echavarría.
Finalmente, hizo un llamado a todo el país al advertir que la justicia no puede ser un arma al servicio de intereses privados ni electorales, que los montajes judiciales no pueden sustituir el debate democrático, y que las familias víctimas de estafas inmobiliarias merecen verdad y reparación, no más estrategias de humo diseñadas para proteger a los responsables.
