Expertos advierten que reducir cooperación militar con EE.UU. pondría en riesgo la seguridad nacional
El presidente de ACORE y analistas en seguridad, cuestionaron las declaraciones del presidente Petro sobre dejar de comprar armamento a Estados Unidos, afirmando que no se trata de una decisión que se pueda tomar de un momento a otro.
Presidente Petro anuncia que dejará de comprar armamento a Estados Unidos.
Colombia
En los micrófonos de Caracol Radio, el presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (ACORE), general (r) Guillermo León, y el profesor de relaciones internacionales de la Universidad Rosario, Óscar Palma, alertaron sobre los riesgos de reducir o reemplazar de manera abrupta la cooperación militar con Estados Unidos, en medio de la discusión por la descertificación del país en la lucha antidrogas.
El general (r) León instó al Gobierno a “mantener la calma y trazar una hoja de ruta” para el relacionamiento con Washington, recordando que, aunque Colombia fue certificada con excepciones, la ayuda estadounidense en tecnología, armamento y recursos “sigue siendo clave para enfrentar el narcotráfico”.
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El oficial retirado advirtió que la autosuficiencia en defensa “no se logra de la noche a la mañana”, pues requiere investigación, infraestructura y capacitación que hoy el país no tiene.
“Si se toma una decisión apresurada, se debilitarían las capacidades para garantizar la seguridad nacional”, enfatizó, al tiempo que explicó que reemplazar proveedores implica largos procesos de contratación, entrenamiento y adaptación tecnológica.
Por su parte, el analista Óscar Palma cuestionó el discurso del presidente Gustavo Petro, quien ha planteado dejar de comprar armamento a Estados Unidos y buscar otros mercados.
“Salir a buscar proveedores no es algo que se logra de un día para otro, así el presidente trate de plantearlo como irrelevante”, señaló, recalcando que Washington “es uno de los mayores proveedores de material militar para Colombia”.
Ambos expertos coincidieron en que cualquier transición debe ser gradual y planificada para no afectar la capacidad de la Fuerza Pública frente a las amenazas del narcotráfico y el crimen organizado.
