Descertificación: entre el secuestro de militares, la fumigación y el lobby en Washington

En Hora20 el análisis a varios hechos bajo la sombrilla de la certificación o no en la lucha contra las drogas que otorga cada año el gobierno de Estados Unidos a Colombia y que será dada a conocer en los próximos días. El debate sobre cómo influyen hechos como el secuestro de militares, el rol de los armados y la utilización de las comunidades, así como un complejo panorama de orden público en varias regiones. También una mirada a la polémica por cuenta de la presencia de alcaldes de algunas ciudades del país en Estados Unidos, una supuesta intermediación para evitar la desertificación y unos mensajes amenazantes por parte del presidente de la república.

Lo que dicen los panelistas

Yohir Akerman, periodista, investigador y columnista en Cambio, planteó que el debate está en cómo Washington mira la situación en el país ante lo que ocurre con el secuestro de militares, “ellos no leen titulares, leen patrones y el patrón muestra una violencia recurrente, debilitamiento institucional y se evidencia una desobediencia civil armada que EE. UU. mira con lupa; es una señal que se pierde control territorial, cada asonada es un mensaje a Washington de que no se garantiza la seguridad en el territorio”.

Frente al regreso de la fumigación aérea para enfrentar los cultivos ilícitos, dijo que el Presidente utiliza un lenguaje que criminaliza a la población y en el que difumina la línea de combatientes y ciudadanos, “Petro es un presidente que hoy se pone al soga en el cuello al plantear respuestas militares contra ese tema ”. En cuanto a una eventual descertificación, dijo que esa decisión es aceptar que se perdió el control y la autoridad en las regiones.

Lariza Pizano, periodista, columnista y analista política, manifestó que los hechos de orden público envían una mala percepción al gobierno de Estados Unidos, “este secuestro de militares no evidencia más que debilidad estatal y falta de control territorial que cada vez es mayor. No es la primera vez que se acude a uso e instrumentalización de civiles, han sido escudo humanos, informantes, pero no se recordaba civiles secuestrando militares para acciones tan directas contra la institucionalidad; eso marca un hecho simbólico muy fuerte en debilidad estatal”.

En cuanto a las gestiones de alcaldes en Estados Unidos, dijo que la agenda de esos mandatarios no es clara, “estos son temas nacionales que deben ser defendidos por el Presidente, pero también es un tema de lenguaje y de ataques de lado y lado. Fico diciéndole a Petro que es delincuente y el Presidente diciéndole que se largue; no me parece que esa sea la manera institucional de resolver una tensión que está demarcada por la ley y que ensombrece por la falta de claridad”.

Jorge Mantilla, politólogo, investigador en temas de conflicto y PhD en criminología, explicó que si bien el secuestro de militares no es una práctica nueva, sí lo es el uso de los armados hacia los civiles, “eso sí es novedoso en tanto que es una estrategia más amplia por legitimidad y control del territorio, lo que hemos visto en la paz total, ellos evolucionan más rápido que el Estado; esto de asonadas y secuestro se complementa con drones y vemos que los armados amplían el control social y territorial sin enfrentar directamente al Estado”. De otro lado, dijo que este hecho demuestra que debe haber un cambio en términos de doctrina militar ante la tensión entre dos principios del DIH: el de distinción y el de proporcionalidad. También se preguntó que un tema de fondo es si el país debe seguir utilizando el DIH como instrumento en un conflicto armado interno para grupos de crimen organizado.

En cuanto al asunto de la fumigación, comentó que el Gobierno parece confundido y desorientado, “el Presidente es como un pedagogo que envía mensajes a la comunidades vía X, les da oportunidades, las regaña, pero me parece que el drama de fondo está en que el tema de fumigación no resuelve nada en el territorio porque el problema también es de minería ilícita y extorsión, no es solo coca”. Además, dijo que este parece ser un mensaje diseñado más para Estados Unidos, que para las comunidades. También explicó que si bien la fumigación no está prohibida, la Corte Constitucional estableció requisitos como consultas previas con las comunidades étnicas, “esto implica consultar a las comunidades que hoy retienen policías y preguntarles sí o no al glifosato”.

Jairo Libreros, abogado, experto en asuntos de seguridad y profesor universitario, planteó que el secuestro de militares también evidencia dos crisis. La primera, sería de inteligencia ante la falta de capacidades para evitar que ocurran este tipo de hechos. La segunda, sería de legitimidad y la afectación que esta tiene sobre las operaciones que realiza la Fuerza Pública, “profundidad, proximidad y retaguardia, son tres modos operacionales, este año las tres operaciones más importantes están comprometidas, no llegan a campamento porque hay secuestros, tiene problema en proteger campamentos porque afectaciones se dan en lugares donde la tropa está acantonada y se demoran en reaccionar y proteger estaciones; si no cambiamos el tipo de operación y un mecanismo que permita combinar, esto se va a repetir por uno o dos años”.

En cuanto a la descertificación, dijo que ese escenario sería de suma cero, “Colombia lo padeció en la revisión de asistencia técnica de USAID, donde se tocaron temas con el Departamento de Justicia, que es donde está la suma más importante de dinero; ahí se suspendieron licencias para pagar informantes o intervenir comunicaciones, pero fue tan crítica la situación, que revirtieron la decisión porque quedaron ciegos, se afectaron operaciones y procesos controlados; ese es el peor escenario, por eso no lo hacen”. Afirmó que seguramente viene una certificación condicionada,

“de cada $100 pesos en asistencia técnica y financiera, $60 pesos son de EE. UU. $40 entran a Policía y $20 a Fuerzas Militares”.