Cali

Sanitas retoma el control en Cali tras fallo de la Corte Constitucional que tumbó la intervención

La EPS, que cuenta con 316 mil usuarios en la ciudad y 29 mil de ellos en régimen subsidiado.

Keralty advirtió que la intervención dejó una huella profunda en la confianza de los usuarios.

Keralty advirtió que la intervención dejó una huella profunda en la confianza de los usuarios.

La Corte Constitucional anuló en junio la intervención de EPS Sanitas y restituyó el control a Keralty tras 17 meses de gestión estatal. La decisión, según la compañía, representa un hito en la defensa del sistema de salud y la garantía de derechos fundamentales.

El presidente de Keralty, Joseba Grajales, aseguró que lo vivido fue “una medida arbitraria, ilegal e injusta” que puso en riesgo la atención de millones de colombianos. La restitución, señaló, no se trata de una celebración sino de la recuperación de lo que fue arrebatado.

En su declaración, Grajales enfatizó que el fallo no borra el daño ocasionado durante la intervención y que la compañía exigirá reparación integral.

Consecuencias de la intervención

La empresa denunció que la medida estatal deterioró el sistema de atención, generando abandono de pacientes, escasez de medicamentos, colapso de redes y afectación al personal médico y administrativo. A su juicio, fue una estrategia deliberada para desmantelar un modelo que funcionaba con eficiencia.

Keralty advirtió que la intervención dejó una huella profunda en la confianza de los usuarios y en la estabilidad financiera de la EPS.

Exigencias al Gobierno

La compañía pidió al Ejecutivo cumplir de manera inmediata e integral el fallo de la Corte, señalando que cualquier incumplimiento constituiría un nuevo atentado contra el Estado de Derecho.

Igualmente, solicitó reparación efectiva por los daños materiales y morales, así como el pago de las deudas acumuladas con su red de atención y colaboradores.

Finalmente, Keralty exigió garantías institucionales que eviten la repetición de intervenciones arbitrarias y campañas de desinformación que afecten la confianza en el sistema de salud.

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