Madre de niña abusada en jardín de Bogotá denuncia presuntos chantajes desde el ICBF
La madre asegura que recibió ofrecimientos de viajes, trabajo y dinero para guardar silencio; el Instituto lo niega.
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Margie Espinel, madre de una de las niñas abusadas en el jardín infantil Canadá en Bogotá, denunció que habría sido víctima de presuntos chantajes por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Según su testimonio, caracol radio conoció que durante una reunión realizada en mayo en la sede principal del organismo, la directora general Astrid Cáceres le habría hecho ofrecimientos para que dejara de exponer las irregularidades del caso.
“Tú necesitas un respiro, ¿por qué no te vas de viaje?”, habría sido una de las frases que, según Espinel, le dijo la funcionaria. La madre también aseguró que se le ofreció un empleo y la apertura de una cuenta bancaria para consignar apoyos económicos.
Espinel cuestionó que estas supuestas propuestas tuvieran como objetivo silenciarla: “¿Cómo es posible que tenga que aceptar promesas de viajes y plata debajo de la mesa para callar y no seguir denunciando las irregularidades que hay dentro de la institución?”.
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El contexto del caso
• El jardín infantil Canadá fue cerrado tras conocerse los abusos cometidos contra 12 menores de entre 2 y 3 años.
• El responsable, Freddy Castellanos, aprovechó su cargo para cometer los delitos mientras estaba a cargo de 21 niños y niñas.
• Las familias han cuestionado la falta de controles en la contratación de personal y la protección de pruebas.
Espinel, quien ha asumido un rol de vocera de los padres afectados, aseguró que ha recibido presiones por parte del ICBF: “Yo no me puedo seguir quedando callada viendo las injusticias. La dignidad de mi hija no tiene precio”, afirmó.
La respuesta del ICBF
El Instituto negó de manera categórica las acusaciones. En un comunicado señaló: “En ningún momento se han realizado ofrecimientos ilegales, indebidos o que puedan interpretarse como una práctica irregular. Los apoyos del ICBF siempre se brindan dentro del marco de la ley, con reglas claras y verificables”.
Por su parte, la directora Astrid Cáceres aseguró por medio de su red social X que lo único que se ofreció fue apoyo psicosocial y laboral dentro de los canales institucionales: “Porque va a ser ilegal ofrecerle trabajo digno a alguien que nos pedía apoyo tras haber sido explotada laboralmente? Ella es una mujer valiosa y maravillosa”, expresó.
Lo que piden las familias
Las víctimas reclaman al ICBF y a las autoridades:
• Explicaciones sobre los protocolos de seguridad en la contratación de personal.
• La entrega de información de docentes y directivos del jardín.
• Garantías de que no se alteren pruebas ni se oculten responsabilidades.
Espinel concluyó que seguirá denunciando lo que considera irregularidades: “La integridad de los niños no tiene precio y no se negocia con viajes ni dinero”.
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