Procuraduría le pone la lupa a contratos que hizo Edwin Palma cuando era interventor de Air-e
El órgano de control le solicitó a la Superintendencia de Servicios Públicos detalles completos de los contratos suscritos entre octubre del 2024 y agosto del 2025.
Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma. Foto: Caracol Radio.
La Procuraduría le pone la lupa a los contratos y nombramientos de la empresa Air-e intervenida cuando estaba como agente especial, el actual ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
Caracol Radio conoció que el órgano de control inició una actuación especial y ha solicitado a la Superintendencia de Servicios Públicos detalles completos de los contratos suscritos entre octubre del 2024 y agosto del 2025, con los montos de estos contratos.
También solicita listado de los anticipos girados de esos contratos, así como los criterios utilizados para su aprobación.
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Solicitudes de la Procuraduría
“1. Allegar relación de todos los nombramientos en cargos directivos, gerenciales y de confianza en Air-e desde septiembre de 2024. 2. Soportes de experiencia, idoneidad técnica y criterios utilizados en cada designación. 3. Verificación de inhabilidades, incompatibilidades o conflictos de interés, especialmente por parentesco con el interventor. 4. Confirmación sobre el conocimiento de vínculos entre Edwin Palma y Juan Pablo Nieto Egea, previo al nombramiento0148”, dice el documento de las solicitudes de la Procuraduría a la Superservicios.
En relación sobre el manejo del Fondo Empresarial y pagos efectuados, el órgano de control le puso la lupa a documentos como los montos totales girados por el Fondo Empresarial a Air-e desde septiembre de 2024.
“Desglose y destino específico de dichos giros (proveedores, acreedores, etc.). 11. Criterios para priorización de pagos y existencia de beneficiarios recurrentes o favorecidos de manera sistemática”, señaló la Procuraduría.
“Es importante señalar que, la actuación preventiva tiene como objetivo anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o amenazar el adecuado ejercicio de la función pública, contribuyendo al mejoramiento de la gestión y la política pública. No implica, en modo alguno, la coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”, finalizó el órgano de control.
