Funcionarios de Bienestar Familiar en Antioquia inician cese de actividades desde el 11 de agosto
Las sedes del ICBF en Antioquia permanecerán cerradas, afectando gravemente diversos servicios esenciales
Medellín, Antioquia
A partir del lunes 11 de agosto, los funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en Antioquia iniciarán un cese de actividades indefinido debido a la grave crisis institucional que afecta a la entidad.
La medida, adoptada por los sindicatos, es una respuesta ante la total falta de acción por parte de las autoridades frente a sus demandas laborales y la insuficiencia de recursos que está poniendo en peligro los derechos fundamentales de los niños y familias en el departamento.
Según Diego Brand, presidente del Sindicato de Defensores de Familia (Sidefam) en Antioquia, la situación en la región es insostenible. Los hogares infantiles y comunitarios están operando por debajo de sus capacidades, sin la calidad mínima necesaria para atender a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
“El recorte en prevención fue gigantesco. No hay cupos para niños. En protección, la historia es la misma: defensorías desmanteladas, centros zonales sin sedes donde operar. La regional está desesperada. Antioquia está al borde del colapso en materia de bienestar familiar. Esto ya se ha denunciado antes, pero nada cambia, por eso decidimos alzar la voz”, dijo el funcionario.
Cese afectará servicios en todo Antioquia
Durante el cese de actividades, las sedes del ICBF en Antioquia permanecerán cerradas, afectando gravemente diversos servicios esenciales. La atención a menores en situación de vulnerabilidad, los programas de prevención y protección, la gestión de hogares sustitutos y la atención a víctimas de violencia quedarán suspendidos, dejando a miles de niños y familias sin apoyo.
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Recorte presupuestal
El conflicto también tiene un componente económico crítico: el presupuesto del ICBF ha sufrido un drástico recorte, pasando de 72.000 millones de pesos en 2024 a solo 20.000 millones para 2025. Este recorte del 72% ha dejado sin atención a aproximadamente 52.000 niños en Medellín, lo que fue rechazado públicamente el pasado 17 de julio por el Concejo de Medellín.
Los sindicatos del ICBF advierten que, a pesar de haber agotado todas las vías de diálogo con las autoridades, la crisis sigue sin solución, y los funcionarios se ven obligados a tomar esta drástica medida para exigir la atención urgente a las necesidades del sector.
