¿En qué va la detención domiciliaria contra el expresidente Uribe y por qué INPEC no lo ha reseñado?

En la sentencia de 1.114 paginas que condenó al expresidente Álvaro Uribe Vélez a la máxima pena de 12 años por soborno en la actuación penal y fraude procesal, la juez Sandra Heredia también ordenó su detención inmediata en su lugar de residencia en Rionegro, Antioquia.

Sin embargo, hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- aún no han recibido la boleta de detención domiciliaria por parte del centro de servicios judiciales de Antioquia para proceder con la reseña y ejecutar la detención del exmandatario. El trámite suele demorar tres días hábiles.

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Lo cierto es que, el expresidente Uribe ya pagó la póliza que exigió del subrogado de la detención domiciliaria, que son alrededor de $6.494.000 pesos.

Entre los argumentos para privarlo de la libertad desde la primera instancia, la juez Heredia advirtió que a pesar de que el expresidente compareció a las audiencias, se hace necesaria la detención inmediatamente ya que por “su gran reconocimiento a nivel internacional, resulta fácil que podrá abandonar el país, para eludir la sanción impuesta”.

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También resaltó que, “desde la fase primigenia de la actuación se desplegaron estrategias dilatorias sistemáticas para impedir la instalación del juicio (…) se erigieron como inferencias ineludibles que evadir la administración de justicia”.

Para la defensa, con esa determinación, se vulneraron los “derechos fundamentales a la dignidad humana, debido proceso, presunción de inocencia y la libertad de Álvaro Uribe Vélez”.

Por eso, han interpuesto una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá, con la que pretenden que el líder del Centro Democrático permanezca en libertad hasta que la sentencia quede ejecutoriada.