Condena de Álvaro Uribe: ¿Por qué recibió 12 años si la Fiscalía pidió una pena menor?

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Por su parte, la jueza 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, ordenó su detención inmediata mediante boleta de aseguramiento y dispuso que la condena sea cumplida bajo prisión domiciliaria, ejecutada desde Rionegro, Antioquia.

Adicionalmente, Uribe deberá pagar una multa equivalente a 2.420 salarios mínimos y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos durante ocho años y tres meses.

Según la jueza, el exmandatario “determinó” a terceros para manipular testigos en su favor, buscando desvirtuar acusaciones relacionadas con vínculos al paramilitarismo.

La decisión responde, en palabras de la jueza, a la necesidad de preservar la convivencia pacífica y la credibilidad en la justicia. La defensa, liderada por Jaime Granados, apelará el fallo, argumentando irregularidades y negando maniobras dilatorias. Se concedieron dos días para formalizar la apelación.

En este contexto, Caracol Radio habló con Dalila Andrea Henao, abogada litigante, magister en derecho penal y procesal penal, para abordar esta condena contra el expresidente.

¿Por qué recibió 12 años si la Fiscalía pidió una condena menor?

Según explicó Henao, en el caso de Álvaro Uribe Vélez, la jueza impuso una pena de 12 años de prisión, superando los 8 años que había solicitado la Fiscalía.

La decisión se basó en que los hechos eran mucho más graves de lo que el acusado había admitido. La jueza consideró que se trató de una conducta sistemática, planeada y con un uso indebido del poder e influencia del exmandatario, lo cual incrementa la gravedad del daño causado a la administración de justicia.

A pesar de que Uribe no contaba con antecedentes penales, la jueza argumentó que no demostró arrepentimiento ni voluntad de reparación, lo que pesó en su contra al momento de la condena.

Asimismo, se subrayó que el impacto institucional de sus actos fue profundo, afectando la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. Por estas razones, la pena fue más severa de lo que había planteado la Fiscalía inicialmente.

“Se explicó que el expresidente no fue simplemente un actor secundario, sino que lideró, a su entender, de forma directa y deliberada, una estrategia para manipular testigos y engañar a la Corte Suprema de Justicia, alterando el curso del proceso judicial en su contra”, agregó Henao.

¿Una condena para proteger la confianza en la justicia?

Por su parte, la abogada explicó que, con base en la gravedad de los hechos, el despacho concluyó que era necesario imponer una pena más severa para enviar un mensaje claro de que nadie está por encima de la ley.

Según las palabras de la jueza, esta decisión busca proteger la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, mostrando que la justicia actúa incluso frente a figuras de alto poder e influencia.

Por otra parte, la jueza Sandra Heredia justificó la orden de captura inmediata contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, destacando que la medida tiene un efecto disuasivo que previene nuevos delitos y evita la percepción negativa de que alguien pueda seguir libre tras ser condenado.

Además, señaló que la presunción de inocencia ya fue desvirtuada en primera instancia. En cuanto a la pena de 12 años de prisión domiciliaria, la jueza explicó que se fijó debido a la gravedad del soborno en actuación penal, considerado el delito más grave, ya que se comprobó el intento de manipulación de tres testigos: Monsalve, Vélez y Cortés.

“Estos son los argumentos que fueron esgrimidos por la jueza de conocimiento, la doctora Heredia, para efectos de justificar, en este caso, que es algo realmente un poco inusual, una condena más alta de la que solicitó el ente acusador”, concluyó Henao.