Gobierno expidió decreto para implementar nuevo modelo de salud: ¿qué pasó con la reforma?

Nuevos cambios se avecinan al sistema de salud colombiano, pues quedó en firme el decreto que implementa las líneas clave de la reforma del gobierno Petro.

Se trata del modelo preventivo, predictivo y resolutivo para que las EPS, IPS y entidades territoriales, ajusten y adapten su operación, por medio de la territorialización en salud y dando prioridad a la atención primaria.

El decreto establece una reorganización del sistema a través de las denominadas Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud, que estarán constituidas por un nivel primario y complementario.

Es decir, que el sistema de salud colombiano integrará prestadores públicos, privados y mixtos, quienes serán los encargados de garantizar una atención integral y continua a todos los usuarios.

¿Qué pasará con las EPS?

Las Entidades prestadores de servicios no desaparecerán, pero deberán adaptarse al nuevo modelo y además, cumplir con 24 funciones administrativas, por las que tendrán que responder ante el Ministerio de Salud, que establecerá un mayor control y velará por la gestión del riesgo de los usuarios.

¿Qué dijo el ministro sobre el decreto?

El Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo explicó que este decreto hace parte de las medidas que el gobierno ha venido adelantando para el corto y mediano plazo, sin que ello implique sustituir el debate que continuará en la Comisión Séptima del Senado sobre los cambios estructurales que requiere el sistema.

“La discusión legislativa sobre la reforma a la salud seguirá su curso institucional, mientras que el presente decreto se limita a desarrollar lo ya aprobado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo”, manifiesta la cartera de salud.

Aseguran que su expedición, no modifica el esquema vigente de aseguramiento ni elimina las EPS, y por el contrario, establece lineamientos para mejorar la coordinación territorial de todos los actores del sistema.

Reiteran que la norma orienta los recursos disponibles hacia el fortalecimiento del primer nivel de atención y la reorganización de la red pública hospitalaria, evitando que factores de rentabilidad financiera pongan en riesgo el acceso de la población a los servicios de salud.