Ley de sometimiento 2.0, ¿un instrumento indispensable para alcanzar la paz?

En Hora2 el análisis a un proyecto de ley que busca someter a las organizaciones criminales de alto impacto a través de beneficios judiciales y económicos, a cambio del desmantelamiento de estas estructuras. El análisis a lo que implica este proyecto, los beneficios que contiene, su efectividad y el efecto que generaría en el sistema judicial. También el debate sobre el rol de las víctimas en esta iniciativa y lo que se propone en otro proyecto, el de Justicia y Paz que plantea la Fiscalía.

Lo que dicen los panelistas 

Francisco Bernate, abogado penalista, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia y miembro del Comisión Asesora de Política Criminal, recordó que el país ha realizado varios procesos con organizaciones criminales y desde el balance del Código Penal, se puede hablar de impunidad por la rebaja en las penas, pero manifestó que Colombia con la experiencia de Justicia y Paz presentó un proyecto que tenía el desafío de una CPI, “se entiende que hay una negociación. Con ley penal vigente uno podría con estas bandas llegar a lo mismo, siempre y cuando no haya menores. El debate sí puede ser tener un proceso de justicia transicional sin componente político”. Frente a los beneficios como la posibilidad de que los actores armados se queden con el 12% de los bienes, dijo que eso en Colombia existe en ley 1708 en el Código de Extinción de Dominio, “son estrategias de justicia premial que tienen validación. El proyecto está en el marco de la política de negociación, donde se necesita marco jurídico”. 

Planteó que el debate es si el criminal del Clan del Golfo es equiparable a una persona del ELN, “pero el proyecto está bien direccionado al reconocer estructuras con dominio territorial, independiente si hay o no condición política”. También comentó que en temas como las rebajas a los ya condenados, resaltó que  si el señor ya está condenado, “¿cómo le damos beneficios? Pero es que seguramente hay control desde la cárcel y ahí es donde la oferta puede ser razonable. El Estado reconoce que vía militar o de justicia no es suficiente para acabar con estructuras". 

Angélica Lozano, senadora de la república por la Alianza Verde, destacó que la ley de sometimiento 2.0 sale de la manga del ministro Eduardo Montealegre, “tiene un elemento positivo con incentivos para el sometimiento, se puede someter crimen organizado, pero tiene dos goles”. Uno de ellos, según la senadora es el tratamiento político a crimen organizado, “esto está por fuera del alcance constitucional, da tratamiento y beneficios a quienes incumplen el Acuerdo del 2016, pero desertores no podrán tener beneficios, según la Constitución”. 

También dijo que el proyecto tiene algo inviable: las personas vencidas en juicio y condenadas y pagan pena, “se les daría un tratamiento de someter, ¿cuál someter si ya están condenados?”, se preguntó. 

Andrés González, exministro de Justicia, excongresista, exgobernador y exembajador, planteó que en el país que ha ganado tanto terreno tanta organización criminal, que es importante una política que combine varios elementos, como la judicial, “los instrumentos tienen que ser político, estratégico militar y judicial. Se necesita consenso con distintos niveles del Estado porque preocupa que no haya entendimiento con la Corte Suprema de Justicia en este proyecto presentado por el Gobierno; un actor fundamental es el estamento judicial”. 

De otro lado, comentó que es indispensable fortalecer la justicia y la Fuerza Pública, “es importante un Estado fuerte que cope y controle territorio, si eso no pasa, salen unos y entran otros. Se requiere fortalecimiento institucional y unidad nacional”. 

Armando Novoa, exconsejero del CNE y jefe negociador del Gobierno ante la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, manifestó que es importante que una ley de esta naturaleza requiera de un alto nivel de consenso político y social, “lo que ha dicho Otty Patiño y Álvaro Jiménez me parece razonable. La manera en la que debe ingresar una iniciativa así, debe ser objeto de socialización, de controversia, de consenso con las comisiones de paz del Congreso y que directorios de los partidos estén enterados”. No obstante, enfatizó en que comparte el 99% del contenido del proyecto, “pero sí me pareció exótico que en la radicación del proyecto en la Cámara de Representantes no se contara con la presencia del jefe de la política de paz del Gobierno, que es el consejero comisionado de paz, Otty Patiño”. 

De otro lado, recordó que como jefe negociador tiene 2.500 señores de Coordinadora Nacional que se han comprometido a destruir 14 toneladas de material bélico y que se comprometen a ir a zonas de ubicación, “¿qué les decimos a las comunidades en territorios? El compromiso del Congreso y de los partidos es gigantesco y estamos en la disposición de hacer las discusiones e introducir correcciones necesarias. Si esto sale bien, es un triunfo de una política de convocatoria nacional que beneficiará a las comunidades”.