Corte Suprema se opuso al proyecto que traería beneficios a capos criminales que se sometan a la paz total

A consideración del Consejo Superior de Política Criminal que preside el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se sometió este viernes 18 de julio, el borrador del proyecto de Ley que traería beneficios para cabecillas criminales que se sometan a la Justicia.

En la reunión participaron miembros del Congreso, la Fiscalía, la Corte Suprema, Procuraduría, Inpec, Uspec, Icbf y académicos para evaluar la propuesta que, desde ya, ha encendido alertas en el país por las posibles “gabelas” a jefe delincuenciales y capos del narcotráfico.

Justamente, la magistrada Myriam Ávila Roldán, en representación de la Corte Suprema de Justicia, emitió voto desfavorable frente a la viabilidad de la iniciativa, por considerar que “se trata de un tema muy delicado para el país que necesita mayores consensos y un análisis más reposado dado los impactos que puede tener en términos de política criminal”.

La magistrada Ávila advierte que los lineamientos de la ‘paz total’ ya están establecido en la Ley 2272 de 2022, razón por la cual “se necesita mayor justificación respecto de la insuficiencia de los modelos normativos existentes para satisfacer los fines que persigue esta propuesta y explicar por qué la normatividad existente no resulta idónea o eficaz para la búsqueda de la paz en las condiciones propuestas en el borrador de proyecto de ley”.

Las “gabelas” que el proyecto trae para los jefes criminales

Rebajas del 60% por todos sus crímenes o, incluso, en penas ya impuestas, libertad condicional en algunas casos, medidas de aseguramiento en colonias y no en cárceles, y la posibilidad de conservar hasta el 12 % de su fortuna criminal, son algunos de los beneficios que podrían obtener los responsables de graves crímenes si cumplen con los requisitos que les imponga el Gobierno Nacional en un proceso de sometimiento.

La preocupación crece en puntos como el que contempla que los cabecillas que ya cumplieron la pena mínima presos podrían volver a las calles.

“Las personas que hayan cumplido ocho años o las 2/5 partes de la pena de privación efectiva de la libertad y que además de la colaboración efectiva con el desmantelamiento,se verifique la contribución efectiva con la satisfacción de los derechos a las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición podrán acceder a la libertad condicional”, dice el proyecto.

Entre las principales exigencias del Estado para el sometimiento, se plantearía el fin de las actividades delictivas, la entrega de armas y bienes ilegales, la liberación de secuestrados y la participación en proyectos de ‘transformación territorial’. Ademas, los cabecillas deben obtener na certificación de buena conducta y compromiso expedida por la oficina del Alto Comisionado para la Paz.