3 batallas legales que definieron la carrera del aspirante a la presidencia Abelardo De La Espriella
El abogado se autodefine como un hombre frontal, patriota y convencido de su misión.
Rosa Elvira Cely; Dilan Cruz; Abelardo De La Espriella (Fotos: Colprensa).
En principio, es importante recordar que Abelardo De La Espriella, abogado y empresario, oficializó su aspiración presidencial para 2026 al inscribir ante la Registraduría el comité de recolección de firmas de su movimiento ‘Defensores de la Patria’.
En una entrevista para Caracol Radio, el abogado aseguró que esta decisión fue consultada con el expresidente Álvaro Uribe Vélez, a quien, según él, considera su mayor referente.
Adicionalmente, De La Espriella regresó de Italia afirmando tener un deber moral con Colombia y prometió enfrentar a quienes califica como “enemigos de la república”.
Asimismo, rechazó cuestionamientos sobre su carrera profesional y defendió su derecho a aspirar. Se autodefine como un hombre frontal, patriota y convencido de su misión.
En este contexto, en Caracol Radio surgió el interés por recordar tres de los casos mediáticos más relevantes en lo que De la Espriella ha participado.
Caso Rosa Elvira Cely: ¿un crimen que transformó la ley?
En mayo de 2012, el feminicidio de Rosa Elvira Cely estremeció a Colombia y visibilizó con crudeza la violencia estructural contra las mujeres.
De La Espriella representó legalmente a la familia, convirtiéndose en una figura determinante para exigir justicia y exponer las fallas del sistema: la omisión de las autoridades, la negligencia médica y la inacción frente a los antecedentes del agresor.
Por medio de este caso, se impulsó la aprobación de la ‘Ley 1761 de 2015’, conocida como ‘Ley Rosa Elvira Cely’, que reconoció el feminicidio como delito autónomo, endureciendo penas y visibilizando la violencia por razones de género.
Además, evidenció la necesidad urgente de reformar los protocolos institucionales de atención a víctimas.
Este proceso marcó un acontecimiento en la jurisprudencia colombiana, estableciendo la corresponsabilidad del Estado ante omisiones que permiten o agravan crímenes de esta magnitud, y reforzó el debate nacional sobre justicia y equidad de género.
El capitán Cubillos y la muerte de Dilan Cruz
En noviembre de 2019, la muerte del joven Dilan Cruz durante una manifestación en Bogotá provocó una ola de indignación nacional.
Por su parte, De La Espriella asumió la defensa del capitán del ESMAD, Manuel Cubillos, quien disparó el proyectil que causó el deceso.
Su estrategia legal consistió en solicitar que el caso fuera llevado a la Justicia Penal Militar, bajo el argumento de que se trató de un acto de servicio.
Esta solicitud desató un debate jurídico sobre la jurisdicción en casos de uso excesivo de la fuerza estatal. La Corte Constitucional resolvió que el proceso debía continuar en la justicia ordinaria, por la posible vulneración de derechos humanos.
Del mismo modo, el fallo reforzó el principio democrático de que los agentes del Estado deben rendir cuentas ante instituciones imparciales cuando hay posibles abusos, principalmente durante protestas sociales o en contextos de represión estatal.
Asimismo, la decisión estableció que las muertes o lesiones causadas por la fuerza pública en escenarios de protesta social deben ser investigadas con un enfoque de derechos humanos, lo que puede prevenir la impunidad y proteger el derecho a la protesta.
La defensa en el escándalo de la ‘parapolítica’: Rocío Arias y Eleonora Pineda
La defensa de Abelardo De La Espriella a las excongresistas Rocío Arias y Eleonora Pineda, involucradas en el escándalo de la ‘parapolítica’, fue uno de los episodios más polémicos de su carrera.
Ambas fueron acusadas de concierto para delinquir agravado por sus vínculos con las AUC y su participación en el ‘Pacto de Ralito’. La estrategia jurídica de De La Espriella se centró en salvaguardar garantías procesales en un entorno marcado por la presión mediática y política.
Este caso puso en evidencia las tensiones entre justicia penal y justicia transicional, y abrió debate sobre el uso de figuras como el enriquecimiento ilícito y la colusión con grupos armados ilegales.
También contribuyó a precisar los estándares del debido proceso en situaciones de alta carga simbólica.
Finalmente, vale la pena agregar que su impacto en la jurisprudencia fue decisivo, pues ayudó a establecer los criterios para juzgar la responsabilidad penal de funcionarios públicos ligados a estructuras criminales.
