Corte archiva investigación contra senador y exgobernador del Tolima, Óscar Barrero
Se determinó que no hubo irregularidades en la construcción de un colegio en el que hoy estudian más de 600 estudiantes.

Senador del partido Conservador, Óscar Barreto. Foto: Colprensa - Diego Pineda
JUSTICIA
Caracol Radio conoció que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia archivó una investigación contra el actual senador por el partido Conservador, Óscar Barreto, por el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Los hechos por los que era investigado Barreto se remontan al 2010 cuándo era gobernador del departamento del Tolima.
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En la investigación se reprochaba que Barreto hubiera convertido un centro de eventos en Saldaña, Tolima en un megacolegio, en dónde hoy funciona la Institución Educativa Técnica Roberto Leyva.
Los denunciantes aseguraban que la inversión y dotación para ese colegio era insuficiente. Además, los padres de familia se quejaban de que el traslado del colegio iba a ser de la cabecera del municipio a las afueras, por lo que iba a representar mayor peligro para los estudiantes.
Según la Corte, Barreto no incurrió en irregularidades
Luego de analizar el caso, la Corte determinó que las instalaciones el colegio fueron recibidas sin ninguna objeción por parte de la Secretaría de Educación y no se hizo ninguna obra adicional.
“En punto de las instalaciones hidráulicas y sanitarias del referido colegio, estas se encontraban previstas desde los estudios previos, y tanto es así que en la entrega y recibo de la misma a satisfacción no se aludió a ningún problema de esta índole, lo cual habria implicado la celebración de un contrato adicional para resolver el punto, lo que obviamente no ocurrió”, indicó la investigación.
Asimismo, para la Corte si bien en un inicio la Contraloría consideró que había existido un detrimento patrimonial, posteriormente cambió su posición inicial, cuando la misma entró en funcionamiento, y tras constatar en forma debida el cumplimiento de los fines de la contratación estatal, y la ausencia de tal afectación de recursos públicos.




