Con fallos de EE. UU., Forjando Futuros busca evitar que prescriba el caso contra Chiquita Brands

Antioquia

A dos meses de que prescriba el proceso judicial en Colombia contra la multinacional Chiquita Brands, tras 18 años de investigaciones por presunta financiación de grupos paramilitares, la Fundación Forjando Futuros radicó cinco documentos oficiales ante la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y el Juzgado Sexto Penal Especializado de Antioquia.

Los documentos provienen de tribunales de Estados Unidos, buscan fortalecer el expediente contra la empresa, incluyendo el acuerdo de culpabilidad firmado por Chiquita en 2007, donde la compañía aceptó haber pagado 1,7 millones de dólares a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y la sentencia proferida en junio de 2024, que la obliga a indemnizar con 38 millones de dólares a las familias de ocho víctimas del conflicto armado.

El proceso tiene como objetivo evitar que el proceso prescriba el próximo 17 de septiembre, lo que cerraría definitivamente la posibilidad de adelantar acciones penales contra los directivos implicados.

“Hacemos llegar la decisión del juez de 2007, donde se impone la multa, y la sentencia de 2024, mucho más cuantiosa. Las afirmaciones que hacen los defensores de Chiquita Brands y los empresarios colombianos, de que fueron extorsionados, ya fueron desmentidas. Está demostrado que pagaban antes. Los jueces señalaron que el pago que hicieron a la autodefensa no dependía de esa reunión con Carlos Castaño”, explicó Gerardo Vega, abogado de Forjando Futuros.

¿Qué pasa si prescribe el caso?

Actualmente hay dos procesos en curso en Colombia en contra de Chiquita Brands: uno en la Fiscalía contra más de 300 empresarios presuntamente vinculados a pagos ilegales a través de las Convivir Papagayo, y otro en el Juzgado Sexto Penal contra directivos de la multinacional, el cual se encuentra a la espera de un fallo.

Si no se dicta sentencia antes del mes de septiembre, el caso prescribirá, lo que dejaría impunes los delitos atribuidos a los altos ejecutivos de la compañía.

La Fundación Forjando Futuros envió copias de los documentos a la ONU, a la Cancillería, al Ministerio de Justicia y al presidente Gustavo Petro, insistiendo en que el caso no puede quedar en el olvido ni sin reparación para las víctimas.

“Es inadmisible que Colombia no pueda decidir en 20 años una situación judicial, mientras Estados Unidos ya tiene dos fallos. ¿Por qué el gobierno colombiano no encabeza una reclamación para buscar un acuerdo y que le paguen, que indemnicen, que reparen a esas víctimas? Y que los jueces en Colombia definan sobre la verdad y la responsabilidad que tienen que de participar", expresó el abogado.

Desde la fundación también se reiteró el llamado a que la Jurisdicción Especial para la Paz avance en el Macrocaso 04, que investiga la situación territorial en Urabá, y que se esclarezca el papel de los actores económicos que habrían financiado el paramilitarismo durante el conflicto armado en Colombia.