Alcaldes del Bajo Cauca piden mesa de diálogo tras operativos contra la minería informal
Los mandatarios rechazan la quema de dragas utilizadas para la extracción de oro en el río Nechí.
Destrucción maquinaria amarilla usada para minería ilegal en Antioquia. Foto: CACOM5
El Bagre, Antioquia
Tras la quema de más de 30 dragones utilizados para la extracción de oro en el río Nechí, como parte de los recientes operativos de la Fuerza Pública, los alcaldes del Bajo Cauca antioqueño hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para establecer una mesa de diálogo que posibilite encontrar soluciones articuladas sin golpear la economía de la región.
La situación ha generado una creciente preocupación entre las autoridades locales por las consecuencias que dejan las operaciones en un territorio cuya economía depende, en gran medida, de la minería, tanto formal como informal.
Marco Fidel Trespalacio, alcalde de El Bagre, advirtió sobre una posible crisis humanitaria: “Quemar un dragón significa mínimo quedar 15 familias directas sin empleo, y si quemaron 30, hablamos de 450 familias desempleadas. Eso trae un caos en la subregión porque la economía se ve muy afectada. El Bagre, o el Bajo Cauca, no tiene empresas para darle trabajo a más de 400 o 500 familias afectadas”.
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Solicitud de mesa de diálogo
Las protestas de los mineros en El Bagre, motivaron una reunión en este municipio, en la que participaron los alcaldes de toda la subregión del Bajo Cauca, representantes de la Gobernación de Antioquia, Corantioquia, la Defensoría del Pueblo, personeros municipales, comunidades indígenas afectadas y voceros de la Mesa Minera.
Como resultado del encuentro, se acordó gestionar dos espacios clave: una reunión técnica con Corantioquia y una mesa de alto nivel con el Ministerio de Defensa, Medio ambiente y Minas, para encontrar soluciones que permitan la protección ambiental sin criminalizar a las comunidades que viven de la minería.
Los alcaldes esperan una respuesta del Gobierno Nacional para evitar un escalamiento del conflicto, mayores afectaciones económicas e incluso un paro regional, asegurando que se tiene un compromiso en avanzar hacia una formalización minera que brinde garantías a las comunidades y contribuya a la estabilidad del territorio.
