Mineros ancestrales del occidente de Boyacá denuncian hostigamientos de la Policía UNIMIL
La última intervención dejó a seis trabajadores afectados, uno de ellos en estado crítico, tras la incautación de equipos esenciales para la ventilación de bocaminas.
“Hemos hablado con el ministro de Defensa, con la Gobernación, con diputados, con la Presidencia. Pero nadie responde.
San Pablo de Borbur
En el municipio de San Pablo de Borbur, occidente de Boyacá, persiste una situación de tensión entre las autoridades y los guaqueros, quienes denuncian hostigamientos por parte de la Policía UNIMIL (Grupo de Operaciones Especiales Contra la Explotación ilícita de Minerales). Rafael Peñaranda, presidente de la Asociación de Mineros Ancestrales y Tradicionales del Territorio de Paz en Coscuez, aseguró que esta fuerza ha venido realizando operativos que ponen en riesgo la vida de los trabajadores y afectan la estabilidad de la región.
“La Policía UNIMIL llegó hace más de un año y medio, y en los últimos meses hemos visto cómo han venido alterando la paz que llevamos 35 años construyendo. Nos están quitando herramientas vitales como ventiladores y martillos, lo que ya causó un grave accidente el pasado jueves, con seis personas afectadas por gases tóxicos. Uno de ellos hoy lucha por su vida en el Hospital San Rafael de Tunja”, denunció Peñaranda en entrevista con Caracol Radio.
El líder minero cuestionó la presencia de esta unidad especializada en minería ilegal, asegurando que en Coscuez no existe tal actividad y que la labor que ejercen ha sido reconocida como tradicional por varias autoridades.
“Nosotros no practicamos minería ilegal. Lo ha dicho el propio expresidente de la Agencia Nacional de Minería, Álvaro Pardo. Tenemos una actividad ancestral con más de 150 años de historia. Aquí la única que llegó recientemente fue la multinacional Fura, hace apenas siete años, y fueron ellos quienes hicieron un convenio con el Ministerio de Defensa para que la Policía UNIMIL se estableciera en el territorio”, explicó.
Según Peñaranda, los agentes actúan de forma arbitraria, incautando herramientas sin órdenes judiciales y provocando alteraciones al orden público. “Los ventiladores que nos quitan son esenciales. Sin oxígeno, la gente se intoxica. Es un atentado contra la vida”, afirmó.
La comunidad minera ha elevado su preocupación a distintas instancias del Gobierno nacional, departamental y local, pero afirma no haber recibido respuestas claras. “Hemos hablado con el ministro de Defensa, con la Gobernación, con diputados, con la Presidencia. Pero nadie responde. Es como si la UNIMIL fuera una rueda suelta. Ni el Ministerio, ni la Policía, ni la Alcaldía saben dar razón de sus acciones”, sostuvo.
Ante la falta de respuestas, los mineros tradicionales de Boyacá estarían considerando una movilización nacional. “Nos están empujando a un paro. Hay más de 7.000 personas que dependen de esta actividad. Si la intención es desplazarnos, entonces nos tocará acudir a instancias internacionales”, advirtió.
Peñaranda pidió al presidente Gustavo Petro que reactive la quinta mesa de diálogo con el sector esmeraldero, suspendida desde hace meses, y que visite el territorio para conocer de primera mano la situación. “Pedimos que se reconozca nuestra labor como ancestral y tradicional. No queremos privilegios, solo que se respeten nuestros derechos fundamentales: a la vida, al trabajo, al mínimo vital y a la propiedad privada”, concluyó.
