Concejales de Tunja cuestionan adjudicación directa del contrato para actualización catastral

Tunja

Durante la sesión del Concejo de Tunja, varios concejales expresaron su preocupación frente a la reciente adjudicación directa del contrato para la actualización catastral del municipio por un valor cercano a los $9.900 millones. Según denuncian, el proceso se habría hecho sin la transparencia suficiente y reduciendo el alcance inicialmente proyectado.

El concejal Simón Parra criticó abiertamente la forma en que se adelantó la contratación. “Desafortunadamente, el señor alcalde y su oficina de contratación entregan este contrato de manera directa, a dedo y a escondidas. Es una necesidad para la ciudad, sí, pero la forma como lo adjudicaron deja muchas dudas. Aprovecharon que se hablaba públicamente de otro proyecto para adultos mayores y, en paralelo, firmaron este contrato sin socialización ni licitación”, expresó.

Por su parte, la concejala Román Quintero recordó que desde el Concejo se alertó sobre presuntas irregularidades. “La administración buscó todas las formas posibles para entregar este contrato de más de $10.000 millones. Nosotros advertimos a la Personería Municipal sobre algunas situaciones internas, e incluso se hicieron públicas denuncias de posibles irregularidades contractuales. Retamos públicamente al alcalde para que hiciera una licitación, pero no lo hizo. Seguiremos ejerciendo control político para que esos recursos no se pierdan”, afirmó.

El concejal Javier Mesa, quien citó a debate de control político para el próximo martes 1 de julio, denunció que desde comienzos del año han pedido información formal sobre el proyecto, pero que la administración no ha respondido de fondo. “Desde enero hemos solicitado datos sobre la modalidad de contratación, el número de predios a actualizar, el estudio de mercado. Siempre nos dijeron que no había proceso contractual. Y ahora nos encontramos con que ya adjudicaron el contrato, sin responder nada de lo que preguntamos”, sostuvo.

Mesa también cuestionó que, pese a mantenerse el valor inicial del contrato, el número de predios a intervenir se redujo. “Inicialmente se dijo que se actualizarían los 95.806 predios del municipio, pero ahora resulta que solo se actualizarán 70.000. ¿Qué pasó con el resto? ¿Por qué se adjudicó el mismo monto para menos trabajo? Hay vacíos graves en este proceso”, añadió.

Los concejales coinciden en que la actualización catastral es necesaria por ley, pero advierten que, de no hacerse correctamente, podría afectar negativamente a los ciudadanos. “Este contrato va a repercutir en el bolsillo de los tunjanos con el aumento del impuesto predial. En otros municipios del país, como Bucaramanga o Soacha, los errores en la actualización generaron protestas e inconformismo. En Boyacá también ha pasado con el IGAC”, alertó Mesa.

El Concejo ha solicitado información mediante derechos de petición, acciones ante la Personería y, recientemente, por medio de una tutela. Según los cabildantes, el contrato se ha manejado con opacidad, lo que “hace pensar que algo no está bien”, concluyeron.