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Esto sucedió la última vez que una reforma pensional fue demandada en la Corte Constitucional

Esto se dio durante el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe. Así actuó la Corte Constitucional en aquel momento.

Reforma pensional y la Corte Constitucional

Reforma pensional y la Corte Constitucional

Este 17 de junio de 2025 se espera que la Sala Plena de la Corte Constitucional de su concepto sobre las demandas en contra de la reforma pensional que fue aprobada en el Congreso de la República durante 2024.

Frente a esta situación se abren muchas posibilidades sobre lo que puede pasar con el texto, lo que mantiene en vilo a los colombianos sobre su futuro pensional.

Sin embargo, no es la primera vez que una reforma pensional integral que busca modificar el sistema pensional de forma general es demandada ante la Corte Constitucional. Ya existen antecedentes de decisiones tomadas por el alto tribunal que han afectado reformas pensionales en el pasado.

De hecho, el antecedente es más cercano de lo que se cree, y pude dar luces de cómo pueden suceder las cosas con la actual reforma pensional.

Puede leer: Si la Corte Constitucional tumba la Reforma Pensional, ¿qué pasa con las ACCAI y más cambios?

¿Cuándo fue la última vez que la Corte decidió sobre una reforma pensional?

Si bien la Corte Constitucional no ha dejado de recibir y fallar demandas relacionadas con pensiones, el caso de la Ley 797 de 2003 es el último ejemplo de como el alto tribunal ha intervenido en las reformas pensionales de Colombia.

Esta ley, que buscaba reformar varios aspectos del Sistema General de Pensiones que estaba establecido por la ley 100 de 1993, fue objeto de múltiples demandas de inconstitucionalidad.

El proyecto lo presentó en aquel momento el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, específicamente por los ministros de Hacienda y Crédito Público, Roberto Junguito Bonnet, y de Trabajo y Seguridad Social, Juan Luis Londoño de la Cuesta.

Esta reforma buscaba modificar el régimen de transición, una promesa que el Estado les había hecho a algunas personas mayores que ya estaban cerca de pensionarse. Además, se buscaba hacer más estrictos los requisitos para la pensión de sobrevivientes, para los familiares de alguien fallecido.

En aquel entonces se pensó que esa reforma tenía problemas y que era inconstitucional. Por lo que se demandó la ley ante la Corte Constitucional. Estas fueron interpuestas por abogados litigantes, sindicatos, académicos y congresistas de oposición.

Las demandas de la época se centraron en varios puntos que la Corte luego abordaría en sentencias clave como la C-1056 de 2003 y la C-1094 de 2003:

  • Vicios de Forma en el Trámite Legislativo: Se alegaba que no se habían cumplido cabalmente con todos los pasos y debates reglamentarios en el Congreso para la aprobación de la ley. Por ejemplo, si se votaron artículos sin el debate suficiente, o si se alteraron los textos de un debate a otro.
  • Afectación al Régimen de Transición: Este fue uno de los puntos más álgidos. Las demandas argumentaban que modificar o “cerrar” el régimen de transición (que permitía a algunas personas pensionarse con reglas más favorables) violaba los derechos adquiridos y las “expectativas legítimas” de los trabajadores que estaban próximos a cumplir los requisitos para pensionarse bajo las normas anteriores a la Ley 100 de 1993. Se consideraba una medida regresiva.
  • Pensión de Sobrevivientes: Se alegaba que los nuevos requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes (por ejemplo, mayor número de semanas cotizadas por el causante o requisitos más exigentes para los beneficiarios) eran desproporcionados, violaban el derecho a la seguridad social y el principio de progresividad de los derechos sociales.

¿Qué hizo la Corte en aquel entonces?

La Corte Constitucional, que es el árbitro principal que vela por la Constitución, revisó la reforma. No “tumbó” toda la reforma, ya que aseguraron que no todo el texto era inconstitucional. Lo que si sucedió fue que modificó algunas partes específicas que consideró problemáticas.

El alto tribunal dijo que el Estado no podía romper con la promesa que hizo a las personas, asegurando que se debía proteger a las personas con una expectativa pensional con las reglas antiguas. Así que revocó o ajustó los cambios que la reforma quería hacerle a ese grupo.

En cuanto a la pensión de sobrevivientes, la Corte encontró que los nuevos requisitos eran demasiado regresivos y estrictos. Por eso, eliminó los requisitos, volviendo a las condiciones más justas para las familias.

Al final, la reforma pensional de 2003 sí entró en vigor, pero no tal como la habían aprobado en el Congreso. Fue una versión modificada por la Corte, que actuó para proteger los derechos de los ciudadanos.

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